Por Gisella Di Matteo, socióloga, militante de derechos humanos, transfeminista, y Paula Bonomi, periodista, militante de derechos humanos, transfeminista.
La democracia en Argentina es un proceso de 42 años de marchas y contramarchas, de rupturas y continuidades con el pasado dictatorial, de derechos conquistados y la persistencia de profundas deudas que aún estamos lejos de saldar. Un proceso imperfecto, lleno de contradicciones. Desde 1983 hasta hoy, enfrentamos diversas amenazas: alzamientos carapintadas, un militar genocida elegido gobernador, políticos autoritarios votados como diputados. Hoy nos encontramos con una nueva amenaza contra la democracia que nos pone delante de nuevos desafíos: el libertarianismo negacionista con Milei, un antidemocrático –fascista–, a la cabeza. ¿Estamos en una nueva etapa histórica, global y nacional donde la democracia liberal ya no es parte del consenso?
La actual gestión, alineada a la extrema derecha internacional, asumió el poder con los mecanismos asentados en la voluntad popular, pese a vociferar discursos antipluralistas, conservadores y cargados de odio contra toda persona que piense diferente. Milei es aliado de Victoria Villarruel, una militante por la memoria de las “víctimas de terror guerrillero”, y ambos promotores de mecanismos autocráticos, aunque no lo asuman abiertamente.
Si pensamos que las democracias tambalean –sin morir– en varios países de América y Europa; si el capitalismo financiero se impone de otra manera y se expande el crecimiento global de las derechas extremas, en Argentina este fenómeno llegó un poco más tarde. A pesar de las consecuencias de la pandemia, el hartazgo social producto de la aplicación de recetas fallidas y una deuda asfixiante, existe el Pacto social que continúa organizando las resistencias y las luchas. Un faro en la oscuridad: el Nunca Más.
Hay un llamado a construir redes, una alianza social y política lo más amplia posible para defender todo aquello que nos llevó más de 40 años construir. Pero no lograremos transformar la desesperanza presente si no nos preguntamos colectivamente: ¿cómo llegamos hasta acá? Estas líneas buscan hacer un aporte crítico y de acción, recuperar experiencias y debates –como el de autonomía vs. la institucionalización, por ejemplo– que se sucedieron al calor de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por las y los sobrevivientes del genocidio, las organizaciones de derechos humanos en Argentina y la militancia en general como las organizaciones sociales, barriales, comunitarias y su relación en el tiempo con el Estado.
La amenaza es real: el vaciamiento de las políticas de memoria
Desde mediados de 2024, en todos los Espacios para la Memoria que dependen de Nación, se vive un clima de movilización permanente, inquietud e incertidumbre frente a lo que se avizora como el desmantelamiento definitivo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. A fines de diciembre, se contabilizaban alrededor de 500 personas despedidas de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Se mantuvieron vacantes muchos cargos de dirección y se redujeron casi a cero los fondos regulares para el mantenimiento edilicio, la higiene y la realización de las actividades pedagógicas y culturales.
En el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) y actual Espacio para la Memoria Virrey Ceballos –situado en el barrio de Monserrat, Buenos Aires– no quedó ningún trabajador activo. El Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio para la Memoria ex ESMA, vio reducida a menos de la mitad su nómina de trabajadores (de 110 a alrededor de 50, cerrado hasta el momento con la excusa de una “reestructuración interna”), mientras situaciones similares se viven en otros Sitios de Memoria que dependen directamente del Estado Nacional: el CCD Automotores Orletti pasó de 10 a 5 trabajadores, y en el CCD Club Atlético la reducción fue tal que no quedó nadie en el área de investigación ni en comunicación y educación. Además de las fuentes de trabajo, con personas con hasta 20 años de antigüedad y altamente calificadas, peligran las obras de arte allí expuestas, los archivos y la puesta en valor arquitectónico e histórico de la infraestructura donde se cometieron graves crímenes contra la humanidad.
Los métodos de vaciamiento se multiplicaron en los distintos Sitios de Memoria del país. También alrededor de 15 delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron despedidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, pasando por encima del principio de la inmunidad gremial y enviando un mensaje al resto de les trabajadores que aún conservan su trabajo.
Ante el desmantelamiento de áreas del Estado que afectan las políticas de memoria, lxs trabajadorxs, acompañados por amplios sectores políticos y sociales, comenzaron distintas luchas por la reincorporación de lxs despedidxs; trazaron estrategias de visibilización y denuncia ante el avance de las políticas negacionistas: realizaron abrazos, festivales, asambleas, charlas y en algunos casos, la Justicia intervino con medidas de no innovar para proteger los lugares ante la posibilidad de que sean rematados y puestos a la venta. Es necesario comprender qué está en juego.
¿De dónde partimos?
Los ex CCD han sido y son objeto de investigaciones y profundos interrogantes sobre nuestra conformación como comunidad política. Su existencia material se ha convertido en símbolo, especialmente de la represión ilegal desplegada desde los aparatos de seguridad estatal y de la impunidad garantizada por aquellas mismas instituciones que, según la Constitución, deben defender nuestros derechos.
Desde el retorno de la democracia, grupos de sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, acompañados por los movimientos sociales, han reclamado su recuperación y/o expropiación para convertirlos en Lugares de Memoria y transformarlos en prueba material de lo que sucedió en nuestro país.
Como dijimos, hacia fines de los 90, conjuntamente con los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia, comenzaron a gestarse acciones desde distintas organizaciones orientadas a la preservación de la prueba y la “recuperación” de los CCD. Se piensa en la utilización de estos espacios, iniciando una serie de discusiones en torno a qué y cómo resguardarlos, no solo como prueba judicial, sino también como espacios para motorizar o recrear las memorias colectivas. Esto se construyó a través de debates jurídicos, pero también a través de debates políticos y sociales en conjunto con movilizaciones populares que exigieron poder visibilizar los delitos de lesa humanidad cometidos en clandestinidad por el Estado. Este proceso de lucha buscaba reapropiar el espacio público para refundar con el fin de defender los derechos humanos, conociendo el pasado reciente y su actualidad, discutiendo la transmisión de la memoria.
El proceso abrió múltiples cuestionamientos: ¿Quién lo recupera? ¿Para qué? ¿Quiénes lo gestionan? ¿Quiénes le dan esos sentidos a esos Sitios para la Memoria? ¿Qué es lo que se preserva? ¿Para qué y quiénes lo preservan? Fueron las preguntas que atravesaron los debates por aquellos años y hoy, en un contexto negacionista, se reeditan en algunos ámbitos donde se determina que el Estado no debe ocuparse de garantizar nuestros derechos.
La Ley nacional 26.691 fue sancionada en 2011 y estableció la preservación, señalización y difusión de los Sitios. Este documento determina que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y sugiere la conformación de “mesas de trabajo para lograr los consensos de funcionamiento”.
Mucho antes de la existencia de dicha Ley, los y las sobrevivientes ya habían identificado en todo el territorio argentino a los CCD pero, con esta herramienta, se comenzó un proceso de protección y patrimonialización institucional: en algunos casos, los Sitios fueron declarados por el Gobierno Nacional como sitios históricos y, de forma general, señalizados como Sitios de Memoria del terrorismo de Estado.
En las últimas dos décadas, se ha producido un cambio de paradigma y la inscripción de la memoria en el espacio no se agota en la simple monumentalización, como había predominado una vez retornada la democracia, sino que se ha promovido la señalización y recuperación de lugares vinculados directamente con la represión, tortura y exterminio, junto con otras formas de marcación e intervención del espacio público, como son las prácticas performativas, construyendo una cartografía y territorios de la memoria. La ausencia de los desaparecidos se emplazó en diferentes rincones de la ciudad; apenas un nombre, la referencia a “los compañeros”, “a ellos que lucharon”, se hizo presente a partir de diferentes soportes que resultaron ser vehículos para el recuerdo y conmemoración.
La construcción de la memoria y su señalización en la ciudad nos advierten acerca de las transformaciones que se dan en forma constante. Las señalizaciones, monumentos, esculturas, sitios son una forma de decir, de enunciar de diferentes maneras que alguien no está, a alguien se lo llevaron, o que en ese edificio o casa primó la militancia, un proyecto político y social.
En cada Sitio, a lo largo del territorio nacional, el proceso por su recuperación/ transformación fue particular, diferenciado. Ya sea por los hechos, por su territorialidad, por la conformación de quienes lo habitaron o habitan. En función de este artículo, para comprender el proceso de manera general, podemos dividir su genealogía en 5 momentos o etapas: el pedido/reclamo de las organizaciones de DD.HH. y los militantes por la memoria; el proceso de institucionalización de los Sitios vs. la autogestión; la cogestión e instalación de mesas de trabajo entre el Estado y la sociedad civil; las discusiones que pusieron en tensión el sentido de las memorias, el rol del Estado y el rol de las organizaciones; y, finalmente, ¿qué hacer en y con el Sitio de Memoria? ¿Cuál es su rol social?
La primera etapa estuvo atravesada por el pedido/reclamo de las organizaciones de derechos humanos, que acompañadas por multisectoriales locales, en muchos casos pedían la desafectación del edificio (muchos aún permanecían en funcionamiento como Comisarías o estaban ocupados por la Policía o las Fuerzas Armadas). Las organizaciones que los demandaban presentaron proyectos de gestión y planificación autónoma. Por un lado, el objetivo era la recuperación/ocupación, por otro, construir una propuesta colectiva que pudiese responder al momento histórico en el que se veían insertas las organizaciones de DD.HH.; consolidar una postura en relación con aquello que querían hacer en el predio, el porqué y el cómo. Por otra parte, en ese momento se sostenía la lucha con presencia en las calles, insistiendo en sus demandas fundamentales, entendiéndose a sí mismos como actores sociales determinantes en este camino de Memoria, Verdad y Justicia.
La segunda etapa fue el proceso de institucionalización de los Sitios. Es un tiempo de fuertes disputas sobre los sentidos históricos y políticos de los Espacios de Memoria. La intervención activa estatal llevó a la compulsiva apertura de muchos lugares e hizo que las organizaciones de DD.HH., las multisectoriales, tuvieran que (re)pensar sus demandas en un nuevo marco de acción e incorporar nuevas formas de entender su participación, en un ámbito que sería compartido con el Estado (nacional, provincial, municipal dependiendo del caso). Pero eso no fue todo, muchas organizaciones de DD.HH. denominadas “históricas” comenzaron a participar acercando nuevos proyectos, relatos y visiones propias sobre el qué hacer con los ex CCD y el cómo constituirlos.
En un tercer momento, se convocó desde el Estado a la creación de mesas de trabajo, a discutir pre-proyectos que dieran lugar, por un lado, a la reconstrucción de la identidad y de las memorias, las narrativas “hegemónicas” de los Sitios. Es decir, la materialidad de lo que pudo haber quedado de lo que fue CCD. Este conjunto de definiciones dio forma a las políticas públicas de memoria, concebidas como espacios de comunicación entre sobrevivientes, organizaciones, el Estado y la comunidad local en un sentido amplio. Intervenciones sobre la materialidad del predio, actividades alrededor de fechas emblemáticas contribuyeron a su inscripción simbólica y visibilización pública. Se pensaron también como experiencias pedagógicas, a través de las visitas guiadas, recorridos y actividades didácticas.
En algunos casos también se los pensó como “museos” para ayudar a la comprensión de los sucesos históricos y a resignificar el espacio, dándoles un uso público ligado con la promoción de derechos. En algunos casos, las organizaciones de DD.HH. entendieron que “el museo” como vehículo de la memoria presentaba limitaciones y la invisibilización del contexto que originó el terrorismo de Estado. Sumaron a los debates el rol protagónico que asumió el Estado ante el proceso de “recuperación”, los sentidos de los sitios y el debate por su gestión se volvió central y planteó rupturas irreconciliables. Estas discusiones y rupturas marcaron el cuarto momento.
En estas arenas, los Espacios para la Memoria comenzaron a funcionar con distintos usos y modelos. En el mejor de los casos, abiertos a la participación social, impulsando las memorias locales.
Finalmente, el quinto momento que podemos identificar es cuando se puso en juego el “qué hacer” en los Sitios. En este momento podemos visualizar las pujas entre los distintos actores sociales y entender las tensiones entre cómo y cuál será el “relato de memoria” que pueda, desde el pasado, atravesar el presente y proyectarse al futuro. En este momento la disputa por incorporar en los Espacios para la Memoria necesidades y luchas del presente, así como vulneraciones a los Derechos Humanos actuales, como la violencia institucional, gatillo fácil, represiones, etc. en los lugares se pone en juego no solo una dimensión conmemorativa, sino también un compromiso con la transmisión del pasado que permite reflexionar sobre las problemáticas actuales. Así la memoria se inserta sin dudas en el espacio vivido o espacios de representación como lugares de resistencia, ya que desde la vida cotidiana y el espacio percibido se generan nuevos sentidos, significados y símbolos del grupo, que intentan en principio escapar al control oficial y surgen desde el reclamo. Así, ha sido el caso de la recuperación de los Espacios de Memoria en un primer momento, previo a su institucionalización, y que se mantiene en la actualidad, en tanto continúan presentando debates y reclamos por la defensa de los derechos humanos.
¿Hacia dónde vamos?
Las experiencias son muchas, diversas y las prácticas que llevaron y llevan adelante las organizaciones de derechos humanos son usina constante de políticas de memoria. Pero ¿qué nos pasa como comunidad cuando es el mismo Estado el que, con sus políticas negacionistas y antipopulares, desfinancia a los Sitios y pretende borrar lo construido? ¿Cuáles son las respuestas y acciones que debemos ensayar y probar ante esta nueva disputa de sentidos sobre las memorias? La memoria no es rígida ni única, para ser transmitida linealmente. Son las necesidades del presente, nuestras luchas, derechos e identidades que se posicionan en las memorias del pasado y nos empujan a ejercer y conquistar nuestros derechos.
Esos sentidos no están dados, están en constante creación, inmersos en conflictos y voluntades. Hace falta visualizarlos como prácticas dinamizadoras de la memoria que construimos, que no es otra cosa que nuestra interpelación/acción desde el presente. Porque cuando nos preguntamos desde dónde habitar, defender o transformar esos Sitios para la Memoria, hacemos consciente que no son sólo las efemérides o recorridas eventuales, sino que, en tiempos violentos, hay que fortalecer las memorias locales y las pedagogías de las memorias porque serán refugio para lxs sujetxs políticos en cada territorio.
Testimonio de Carlos Loza, Encuentro Militante “Cachito Fukman”, sobreviviente ESMA.
Sobre el debate sobre Sitios de Memoria, debemos señalar que estos lugares forman parte de la prueba judicial y es muy importante el reconocimiento que se hace de ellos a partir del testimonio de los sobrevivientes. Algunos testimonios reconocen el lugar en que estuvieron luego de visitar la ESMA. En los sitios también hay inscripciones y algunos otros detalles que permiten identificarlos. Los sitios y su existencia fueron desnaturalizados a partir de la partidización del lugar, de la eliminación del Instituto Espacio para la Memoria, que era una organización de la sociedad civil integrada por sobrevivientes y militantes de derechos humanos. No todo el predio es Sitio de Memoria, solo el casino y algunas adyacencias mínimas. Otro hecho fue el del campo de entrenamiento, o llamado campo de deportes, que fue cedido al club atlético River Plate por el juez que en la actualidad subroga la causa ESMA. Dicho lugar fue utilizado para la incineración de más de 30 cuerpos de compañeras y compañeros que pasaron por el lugar, revelado a partir de la investigación del Instituto Popular de la Memoria que lo tiene en sus páginas.
Se ha producido el despido de investigadores, guías, otros trabajadores de los sitios, en algunos casos su cierre. Todos estos elementos se complementan para desnaturalizar el genocidio. Dicho genocidio perseguía la destrucción de los colectivos de militancias que estaban estigmatizados para desaparecerlos con el fin de intentar impedir la resistencia a las clases dominantes. Todos estos elementos conforman un cuadro que se extiende por todo el país y que se ha agravado enormemente a partir del gobierno de Milei. Es frecuente la participación de actos favorables a los genocidas que se realizan en diferentes lugares del país, las visitas que hacen diputados a los lugares, y bueno, todo esto en tratar de que estos hechos no se sigan investigando. Sabemos perfectamente que este fue un plan instrumentado por el FMI, las corporaciones internacionales, la dictadura en la Argentina y los grupos económicos locales y sectores de la Iglesia pero fueron perseguidos también todos los sectores que se plantearon luchar por sus derechos y por una sociedad distinta y mejor.