Reseña sobre el artículo de Adriana Meyer “Cuatro décadas democráticas de violencia institucional y represión estatal. El caso de las desapariciones forzadas”. Publicado en el libro 1983-2023. Cartografía de una democracia de la derrota.
Por ContrahegemoníaWeb y Herramienta ediciones.
El artículo retoma el importante libro de la misma autora Desaparecer en democracia. Allí Meyer va desbrozando la compleja relación entre la policía, el aparato represivo estatal de conjunto y el trasfondo general que sustancia al Estado como el “monopolio legítimo de la fuerza”.
Como el título lo indica, en su artículo la autora se pregunta por el problema de la continuidad de las desapariciones en democracia. Al respecto, identifica datos —218 desapariciones hasta la publicación del libro en 2021 registrados por Correpi1— que constatan la inscripción de estas desapariciones en un clima institucional de “impunidad en los casos de violencia policial”. Si bien, no identifica una planificación respecto a qué personas desaparecer, sí observa “una violencia institucional” ejecutada por la policía y protegida por “deficiencia en las investigaciones judiciales, encubrimiento, exclusivo foco en la versión oficial y amenazas”; tal como lo señala un informe de la propia “Amnistía Internacional”. Esto explica el modo en que “en las comisarías de casi todo el país las torturas a jóvenes pobres y morochos son pan de cada día”.
Se da entonces un modus operandi policial y judicial que, por un lado, está protegido por la invisibilización mediática y de los partidos del sistema, desde los que se intenta llevar la atención pública a lo dramático de hechos puntuales de inseguridad, causados supuestamente por una ideología anti-punitivista. Y, por otro lado, se sostiene por las políticas de un Estado que “se niega a revisar las leyes que permiten la detención arbitraria de personas, como lo ordenó el fallo condenatorio en el caso Bulacio en 2003”, que otorga permiso a las fuerzas sospechadas para investigar ellas mismas las escenas del crimen, pese a una acordada de la Corte que lo prohíbe.
La sistematicidad de estas prácticas y el marco en el que se desarrollan, las presenta como algo habitual y legítimo. Esto da pie a un auténtico “manual oculto” sobre cómo manejarse en la institución policial. Se llega así a lo que la criminóloga y socióloga Alejandra Vallespir y otrxs autorxs denominan una “doble adscripción” normativa de la policía. El Estado de Derecho da una legalidad abstracta, pero la legalidad de hecho, en la práctica, se da de otra manera. Existe una doble moral y normas paralelas profundamente arraigadas en la mentalidad de los funcionarios y los agentes que componen la institución. “Desde los rangos más bajos hasta la cúspide de una organización se utilizan dos lenguajes y se sabe satisfacer exigencias contrarias. Esto exige un alto grado de flexibilidad y una gran capacidad de disimular y manipular” (como afirma Vallespir). No se trata de normas que se aplican alternativamente según los casos, sino de reglas que están siempre presentes, que se han afianzado y transformadas en rutinas. “Sin embargo, no han podido hacer desaparecer el orden formal y entre ambos existe un equilibrio precario que tiene que ser restablecido en cada caso particular.”
Todo esto es posible por un proceso de autonomización y corporativización policial, que tiene márgenes para hacerlo en la medida en que acepta una “subordinación negociada” a la clase dominante.
Adriana Meyer hace un breve paneo histórico de la conformación de esa subordinación negociada, es decir de esa capacidad policial de aceptar ser usada por la clase dominante a cambio de contar con una autonomía relativa para hacer uso de ese lugar que le fue asignado. Ese uso abarca desde negocios turbios que les permitan enriquecerse, hasta el goce de la crueldad en forma de torturas y malos tratos en general; así como la capacidad de recurrir a métodos audaces o extremos en caso de verse amenazados en su espacio de poder.
El recuento histórico sistematiza el uso de torturas y el método de las desapariciones desde la década infame hasta la actualidad, pasando por el gobierno de Perón, la fusiladora, entre otros. Esta descripción se hace con el objetivo de mostrar la continuidad de esas prácticas, que tienen a la última dictadura y el terrorismo de Estado como el peor eslabón de esa continuidad, pero no como una excepción. En el mismo sentido se muestra cómo los años posteriores a la dictadura son otros eslabones de esa cadena. La continuidad se encuentra en las leyes formales, y más aún en la continuidad de las prácticas o legalidad de hecho y en los cuadros policiales organizadores y ejecutores de esas prácticas. Que por cierto es la misma continuidad en los cuadros judiciales, mediáticos, empresariales y clericales.
En ese proceso la autora muestra también resistencias, intentos de romper esa cadena. Por ejemplo, la gestión de Brunatti en la provincia de Buenos Aires y luego la de Arslanián. Estos casos son, además, relevantes porque se evidencia la articulación entre recursos de la misma corporación o “hermandad” policial, con la protección de intendentes y gobernadores, y de buena parte de la prensa y el poder judicial.
¿Cómo explicar esa continuidad a través de tantos gobiernos diferentes? La respuesta de Adriana confirma la necesidad común de todos ellos de garantizar el disciplinamiento social. Sin embargo, la impunidad no pasa desapercibida, y las respuestas populares también son importantes. El movimiento antirrepresivo también crece y el compromiso está en seguir construyendo esta resistencia, y enfrentarnos a aquellos imaginarios comunes que siguen sosteniendo que “los morochos pobres algo habrán hecho”.
- La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) es “una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado” (https://www.correpi.org/), donde, entre otras tareas, se recopilan datos sobre distintas formas de accionar represivo. Los datos expuestos incluyen registros oficiales y casos informados, pero seguro hay más situaciones a las que no se accede a la información. ↩︎