El presente texto es el resultado de distintas reflexiones, miradas y acciones en contra de los muros del castigo carcelario y de la criminalización; es un análisis realizado por procesos populares, académicos y de familiares que busca promover la reflexión y acción colectiva en Nuestra América. Este es un ejercicio que apenas empieza, al que esperamos se sumen muchas manos en su construcción y en la generación de formas de encontrarnos, escucharnos, leernos y actuar articuladamente.
Por Red internacional anticarcelaria y contra la criminalización1
Contexto en Nuestra América
En el contexto actual en Nuestra América, se observa el avance de gobiernos de derecha y en algunos casos gobiernos progresistas que proclaman la garantía de derechos fundamentales y la profundización de la democracia. Conviven con el avance de expresiones de extrema derecha como en Argentina algunas anteriores, como en Ecuador, Perú y Paraguay, que han impuesto políticas de ajuste y represión. A pesar de los contrastes, las directrices de persecución judicial y criminalización del pensamiento crítico, la organización popular y la protesta social se mantienen vigentes. Este tema es de un gran interés, porque expresa la contradicción interna al interior de algunos gobiernos y la lucha por mantener el poder hegemónico en la administración de justicia sobre aquellos que se organizan y protestan en defensa de sus territorios, el cumplimiento de sus derechos o el reconocimiento social.
El ascenso de nuevas derechas y proyectos neofascistas – a escala global y regional- se articulan con la intensificación de dispositivos punitivos, el reforzamiento de políticas de seguridad basadas en la construcción del “enemigo interno” y un incremento considerable en la criminalización de sectores empobrecidos, racializados y rebeldes. Este fenómeno evidencia la convergencia entre la acumulación capitalista y el control social coercitivo en el que el Estado opera como garante de un orden hegemónico que se sostiene en la explotación, el control y el castigo. De esta manera, la judicialización de la protesta y la estigmatización de la pobreza se establecen como mecanismos que legitiman e impulsan la violencia estructural -hacia sectores sociales específicos- bajo narrativas de “seguridad ciudadana”, fenómeno que se manifiesta con particular crudeza en Nuestra América.
Ante esta realidad, se propone fortalecer un trabajo en red que permita visibilizar casos de criminalización, identificar patrones comunes en estas prácticas de persecución y consolidar mecanismos de denuncia y defensa en favor de la libertad, la organización social y el pensamiento crítico. La represión y el encarcelamiento de quienes defienden la vida digna no son hechos aislados, sino una estrategia sistemática en la región. Las cárceles repletas de jóvenes empobrecidos han sido convertidas en instrumentos de propaganda y marketing, vendiendo una falsa sensación de seguridad y progreso económico.
En este sentido, el populismo punitivo se ha consolidado como política de Estado, acentuada en Nuestra América, aplicada tanto por gobiernos progresistas como abiertamente fascistas. Esta estrategia criminaliza la pobreza y la organización popular, castigando a los luchadores populares y sobre todo a los jóvenes más empobrecidos, justificado en nombre del “orden” y la “seguridad”. En definitiva, dichas estrategias no solo buscan neutralizar la resistencia popular que viene en auge en la región, si repasamos los eventos recientes de movilización y protesta en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, entre otros, sino también perpetuar la exclusión y el control sobre los sectores históricamente marginados, llenando las cárceles de pobres como mecanismo de sostenimiento del sistema capitalista.
¿Qué es la Red Internacional Anticarcelaria y Contra la Criminalización?
La Red Internacional Anticarcelaria y en Contra de la Criminalización es una propuesta de articulación de organizaciones, grupos de investigación, colectivos, familiares y personas con el objetivo de denunciar, analizar, visibilizar y luchar en contra de los procesos de Criminalización y encarcelamiento que se viven en Nuestra América.
Esta propuesta busca tejer esfuerzos en las luchas contra los muros de la cárcel, los montajes judiciales, la persecución del pensamiento crítico y las organizaciones populares; busca generar un trabajo en Red que permita visibilizar los casos de las personas y procesos sociales que están viviendo procesos de criminalización; identificar los patrones comunes en esta práctica de persecución y afianzar mecanismos de denuncia y defensa de la libertad, la organización social y el pensamiento crítico.
Sabemos que solo la solidaridad y unidad de los pueblos podrán enfrentar la criminalización de la organización popular y el avance de la tiranía carcelaria que se impone como una nueva forma de esclavitud de los pueblos y que hace parte de una estrategia de exterminio.
El objetivo central de esta iniciativa es fortalecer un espacio de articulación para visibilizar y enfrentar la criminalización y judicialización del pensamiento crítico, la organización popular y la protesta social. Para ello, se propone generar un espacio de análisis internacional sobre los sistemas jurídicos y las estrategias de persecución utilizadas contra los movimientos sociales. Como parte de esta labor, se busca construir un observatorio internacional que permita identificar, documentar y hacer seguimiento a los casos de criminalización en la región.
Asimismo, se trabajará en la visibilización y fortalecimiento de campañas de denuncia y acompañamiento internacional, promoviendo estrategias colectivas para la defensa de quienes enfrentan persecución judicial. Además, se impulsará la denuncia sistemática de atropellos y violaciones a los derechos humanos, garantizando que los casos conocidos por la red sean expuestos y respaldados a nivel global.
Esta iniciativa se propone como un espacio de coordinación y acción colectiva, en el que diferentes organizaciones y sectores puedan articularse para defender la libertad, el derecho a la protesta y el pensamiento crítico.
Una mirada anticarcelaria y en contra de la criminalización de Nuestramérica
- El Salvador: Populismo punitivo y criminalización de la organización popular
Con 1.086 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Desde el Estado de excepción impuesto en 2022, el gobierno de Nayib Bukele ha profundizado la represión, llenando las cárceles con jóvenes empobrecidos y luchadores populares. Mientras el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es señalado como un espacio de tortura, como este existen 8 centros penales donde se han cometido delitos considerados de lesa humanidad, las organizaciones de derechos humanos denuncian una estrategia de populismo punitivo que vende seguridad a costa de la violación sistemática de derechos.
Entre ellas, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador – Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (UNIDEHC-BRP) se ha convertido en un pilar ético contra el modelo carcelario de Bukele. Sin embargo, el 25 de febrero de 2025, la organización fue víctima de una nueva ofensiva: Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, fue detenido arbitrariamente, mientras que la casa de Ivania Cruz fue allanada en un intento por acallar sus denuncias.
Cruz ha sido clave en la articulación de luchas contra la criminalización en América Latina, participando en el conversatorio “Diálogo entre pueblos: tejiendo luchas contra la cárcel y la criminalización” (2024), que dio inicio a la Red Internacional Anticarcelaria y Contra la Criminalización.
El mismo patrón de persecución se evidencia en el caso de los cinco de Santa Marta, activistas antimina que, tras un sobreseimiento definitivo, han sido nuevamente judicializados en un montaje ilegal. Antonio Pacheco, uno de los criminalizados, decidió no presentarse ante este “circo jurídico”, denunciando su ilegitimidad. Además, la reciente captura de Eugenio Chicas, exfuncionario y luchador social, refuerza la hipótesis de una persecución sistemática contra quienes defienden derechos fundamentales.
Desde distintas latitudes, expresamos nuestra solidaridad con UNIDEHC-BRP, ADES Santa Marta y las familias de los criminalizados. Exigimos la libertad inmediata de Fidel Zavala y Eugenio Chicas, la absolución de los cinco compañeros de Santa Marta y el cese de la criminalización contra los luchadores populares y el pueblo empobrecido de El Salvador.
La historia ha demostrado que la represión no silencia la lucha, sino que la fortalece. ¡La resistencia sigue!
- Argentina: La construcción del enemigo interno como estrategia para la criminalización de la organización popular y el pensamiento crítico
La llegada al gobierno de Javier Milei con su espacio La Libertad Avanza ha significado un grave riesgo para las organizaciones sociales y el campo popular argentino. Su concepto de “libertad” se traduce en el libre mercado y ajuste a los sectores populares, favorecer el privilegio de los sectores concentrados y la profundizar la explotación del pueblo.
Uno de los ejes centrales de su gestión ha sido la represión y la criminalización de la protesta social. En el primer año de gobierno, se registraron 1.516 personas heridas en el marco de manifestaciones. Un hecho emblemático ocurrió en junio de 2024, durante la aprobación de la ley Bases en el Congreso. Ese día, el gobierno dejó un claro precedente represivo con un operativo desproporcionado, que resultó en 33 detenciones bajo causas graves como “terrorismo”, además de denuncias de tortura contra manifestantes.
Sin embargo, la represión no se limita a la violencia policial en la calle. Milei ha desplegado una estrategia integral de persecución y criminalización, dirigida especialmente contra las organizaciones sociales, históricamente vinculadas a la protesta callejera. El objetivo es claro: desarticular el tejido organizativo y desmovilizar a la sociedad mediante el miedo.
Esta avanzada incluye el armado de causas judiciales, como las impulsadas contra quienes realizaron bloqueos a empresas, y la declaración de sectores esenciales en salud y educación, restringiendo así el derecho a huelga en estos ámbitos. A ello se suma el cierre de políticas sociales que atentan contra quiénes se organizan, eliminando fuentes de trabajo desde las organizaciones sociales y agravando la crisis de los sectores más empobrecidos.
Si bien, estas formas de control no son nuevas, la gestión de Milei ha intensificado la espectacularización de la represión, con una sobreactuación de la presencia policial en las calles como mecanismo de intimidación. En paralelo, el gobierno impulsa un discurso de criminalización, instalando la teoría del enemigo interno, una estrategia peligrosa que en otros países ha servido como justificación para la persecución.
Las prácticas represivas pueden dividirse en “legales” e ilegales. Entre las primeras, se destacan procesamientos compulsivos, causas judiciales fabricadas y prisión preventiva como herramienta de disuasión. Entre las segundas, se incluyen disparos selectivos que ponen en riesgo la visión de manifestantes, una táctica ya utilizada en Colombia y Chile. Además, la represión no es uniforme, existe un ensañamiento sistemático contra movimientos piqueteros, de desocupados e indígenas, reforzando la estigmatización y la exclusión social. Además, se suman modificaciones al código penal de manera que se legitime el “proceso abierto”, como modalidad de atemorizar e imputar una causa que dificulta el libre accionar de quienes deciden organizarse.
El sistema carcelario opera como herramienta de disciplinamiento y control, garantizando la estabilidad del modelo capitalista y castigando la disidencia política. En Argentina, aunque las cárceles aún no replican las condiciones extremas de El Salvador, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las señala como un modelo a seguir. Las condiciones carcelarias son indignas, con aislamiento extremo y deficiente atención médica. Además, el gobierno impulsa la baja de la edad de imputabilidad, criminalizando a las infancias y promoviendo su reclusión en centros de detención juvenil con una mirada meramente punitiva contra las niñeces y la juventud. En este contexto, se amplían los motivos de encarcelamiento, mientras se endurecen las condiciones para obtener la libertad.
La estrategia del gobierno es atemorizar, desmovilizar y debilitar a las organizaciones populares. Pero la historia argentina ha demostrado que la organización no se extingue con represión y la memoria viva guía las formas de resistencia.
- Colombia: Estigmatización de la organización y el pensamiento crítico como práctica social genocida
La criminalización, estigmatización y represión de organizaciones sociales en Colombia ha sido constante históricamente. La doctrina del “enemigo interno” ha sido una estrategia utilizada en Colombia para justificar la represión de sectores populares. Esta doctrina, que identifica a ciertos grupos internos como amenazas a la seguridad nacional, principalmente organizaciones sociales, población empobrecida y con pensamiento crítico, ha llevado a la militarización de la vida civil y a la estigmatización de líderes sociales y comunidades enteras.
La presencia de asesores militares extranjeros, como el coronel estadounidense William Yarborough en la década de 1960, reforzó esta perspectiva, promoviendo tácticas contrainsurgentes que asociaban a movimientos sociales con insurgencias armadas. A esto se suma la creación y difusión de estrategias mediáticas de pánico generalizado alrededor de la “inseguridad” y la “violencia” que pueden generar estos sectores sociales según la narrativa oficial, asunto que justifica el recrudecimiento del punitivismo y fortalece la esencia policial y penal del Estado, lo que ha llevado a constituir una larga lista de personas asesinadas, desaparecidas y encarceladas por el Estado Colombiano.
Un ejemplo reciente del accionar represivo y de criminalización de la población civil se vió durante el Paro Nacional en Colombia del 2021, en el gobierno de Ivan Duque. Las protestas, que comenzaron el 28 de abril de 2021, fueron una respuesta a la propuesta de reforma tributaria y a diversas problemáticas sociales acumuladas históricamente. La respuesta del Estado incluyó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), resultando en más de 80 manifestantes asesinados y cientos de desaparecidos. Además, discursivamente desde el Estado se ha posicionado la existencia de un vínculo entre las organizaciones sociales y los grupos armados, lo cual pone en grave riesgo a la población que se organiza para defender sus derechos. Existen múltiples casos de jóvenes encarcelados por este motivo, constituyendo casos de “falsos positivos judiciales”, haciendo alusión a los conocidos “falsos positivos”, otra práctica genocida llevada a cabo por el Estado colombiano.
En relación con esto, durante el gobierno de Gustavo Petro, la doctrina del enemigo interno se sigue sosteniendo. En enero de 2025, la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, experimentó una escalada de violencia debido a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC. Estos conflictos resultaron en más de 100 personas asesinadas y el desplazamiento de aproximadamente 40.000 habitantes. El presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con el ELN y declaró el “estado de conmoción interior” en la zona, un viejo conocido para la población colombiana.
En este contexto, el presidente Petro afirmó que las comunidades y sus organizaciones sociales en el Catatumbo estaban “coaccionadas por las armas”, sugiriendo que su autonomía estaba comprometida por la influencia de grupos armados ilegales. Estas declaraciones pueden interpretarse como una forma de estigmatización y criminalización de comunidades que, además de sufrir la violencia de actores armados, enfrentan la ausencia histórica del Estado y la falta de oportunidades socioeconómicas.
La continuación de la narrativa del “enemigo interno” y la militarización de las políticas de seguridad han contribuido a la estigmatización y represión de comunidades rurales y organizaciones sociales en Colombia. Esto incluso a la luz de un gobierno “progresista” en donde se redireccionan las fracasadas intenciones de pacificación, de una política de “paz total” a una insistencia por la política del exterminio y la guerra híbrida. A pesar de este desalentador escenario, es fundamental reconocer y abordar las causas estructurales de estos conflictos, continuar promoviendo el diálogo y la inversión social en las regiones afectadas para construir una anhelada paz duradera.
Las cosas que en Red soñamos hacer
Como Red Internacional Anticarcelaria y contra la Criminalización nos proponemos tejer las estrategias de cuidado y defensa de la vida, del derecho a la organización popular y al pensamiento crítico. Entendiendo que las estrategias de persecución y criminalización se articulan entre los Estados a nivel regional, nuestro accionar también debe serlo. Solamente la unidad de Nuestra América, desde los cimientos de las sociedades excluidas y empobrecidas podrán contrarrestar el ascenso violento del fascimo que renueva sus métodos a diario.
Por esto las estrategias que soñamos deben contar con las capacidades transformadoras de cada proceso, con la suma de voluntades dispersas en distintos puntos de la geografía, entendiendo que los asesinatos selectivos y la criminalización deben cesar. Tenemos además la certeza de que cada semilla sembrada en la tierra deberá ser fruto de nuevas rebeldías, organizadas en procesos de largo aliento que sostengan y defiendan el derecho a vivir en paz.
Red Internacional Anticarcerlaria y contra la Criminalización
Contacto: c.solidaridadanticarcelaria@gmail.com
Adhieren:
Solidaridad Anticarcelaria (Colombia)
Equipo Jurídico Pueblos (Colombia)
Grupos de Investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social (GALATEA) (Colombia)
Congreso de los Pueblos (Colombia)
UNIDEHC – UNIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y COMUNITARIOS DE EL SALVADOR
Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) (Argentina)
Frente Popular Dario Santillán (Argentina)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) (Argentina)
- Nota escrita por la Red Internacional Anti Carcelaria y contra la Criminalización ↩︎