Apuntes sobre el cordón industrial de la zona norte y la responsabilidad empresarial en la represión durante los años setenta.
Por Pablo Peláez (historiador, militante de Marabunta)
En una coyuntura marcada por la visibilización y consolidación de sectores ultraconservadores y apologistas de la dictadura y la represión, es importante retomar el papel de la clase trabajadora como protagonista fundamental de aquel proceso de radicalización de principios de los años setenta, así como el rol que tuvieron amplios sectores del empresariado como perpetradores del genocidio, para repensar la lucha por los derechos humanos desde una perspectiva de clase. Este texto, que sintetiza aspectos de un trabajo más extenso1, busca acercar esa mirada retomando una pequeña parte de la experiencia histórica en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.
Protesta y organización obrera en el cordón industrial a principios de los años setenta
La protesta obrera y la represión estatal, paraestatal y empresarial al movimiento de trabajadorxs fueron parte central de la conflictividad social y política de la Argentina durante todo el siglo XX. Desde las rebeliones y masacres en las estancias de la Patagonia y el territorio del norte santafecino de la empresa inglesa La Forestal, a comienzos del siglo, hasta el asesinato del metalúrgico Víctor Choque en 1995 como parte de las protestas contra el menemismo, la historia argentina se anuda al calor del conflicto de clase y tiene en los años setenta un punto de inflexión.
Desde fines de la década del sesenta, tras encabezar la resistencia ante dictaduras militares y gobiernos semidemocráticos asentados en la proscripción del peronismo, lxs trabajadorxs y sus organizaciones gremiales encararon un ciclo de protesta que tomó características ofensivas. El inédito nivel de movilización y confrontación social al calor de las insurrecciones populares desatadas contra la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” (el “Cordobazo” y los “Rosariazos” de 1969, los “Tucumanazos” entre 1969 y 1972, y el “Mendozazo” de 1972, entre muchas otras) se vio especialmente reflejado en los lugares de trabajo. En el marco de lo que Portantiero caracterizó como una situación de “empate hegemónico”2, la clase trabajadora y el movimiento sindical se constituyeron como sujetos fundamentales para las posibilidades de transformación en el país, atrayendo a cada vez más amplias capas de la sociedad. El conflicto entre clases se intensificó y el ciclo de movilización y radicalización obrera fue encabezado y dirigido por el activismo ubicado en cuerpos de delegadxs y comisiones internas de las industrias más dinámicas y de vanguardia, en posiciones estratégicas de la estructura económica nacional.
En esos contornos, el cordón industrial que recorría la zona norte del conurbano bonaerense hasta la ciudad de Rosario en Santa Fe, pasando por ciudades como Campana, Zárate, Baradero, San Nicolás y Villa Constitución, resultó uno de los principales focos de organización, protesta y lucha obrera. Se ubicaba allí la porción del capital más concentrado y dinámico de la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones, con empresas de altos niveles de producción y empleo, en rubros como la siderurgia, el automotriz, petroquímicas, astilleros y laboratorios. En las grandes industrias de la zona, las demandas en torno a condiciones laborales, articuladas con reclamos por una mayor democratización de las organizaciones gremiales y contra la “burocracia sindical”, adquirieron un peso central, transformándose en aglutinantes para la emergencia de activistas obreros y nuevas agrupaciones y listas sindicales, que se vincularon a una diversidad de organizaciones, partidos y corrientes políticas combativas y revolucionarias en crecimiento. Lxs militantes y activistas político-sindicales de organizaciones como Peronismo de Base, Montoneros, el PRT-ERP, el PST, OCPO y Vanguardia Comunista, entre muchas otras, lograron orientar y conducir muchos de los intensos movimientos de protesta suscitados, “recuperar” cuerpos de delegados, comisiones internas y seccionales sindicales de manos de las direcciones sindicales tradicionales. Conquistaron una adhesión comprometida de parte de las bases obreras, no sólo a nivel de las numerosas fábricas de este estratégico cordón industrial, sino también en los barrios y territorios circundantes, con la constitución de locales, comités y unidades básicas partidarias.
La ampliación de los cuerpos de delegados y las comisiones internas de fábrica, sumada a una creciente incidencia de agrupaciones y corrientes políticas combativas, colaboraron en la agudización de una verdadera “guerra de posiciones” por el control del proceso productivo y la salud obrera en las fábricas de zona norte. Las demandas en torno a las condiciones laborales y la salud presentan una potencialidad política profunda: ponen en discusión los procesos laborales en los establecimientos y dan un punto de partida para su control por lxs trabajadores. Uno de los casos de lucha paradigmáticos en ese sentido fue el de los astilleros Astarsa, en Tigre. Luego de la histórica toma del establecimiento en mayo de 1973 en reclamo por la muerte de un compañero durante la jornada laboral, los trabajadores pusieron en funcionamiento una comisión que tomó el control de las condiciones de higiene y seguridad, que pudo desde allí declarar secciones de la fábrica como insalubres y realizar chequeos médicos regulares a los obreros, entre otros avances de gran importancia.
Al calor de este proceso, los agrupamientos obreros de las fábricas de zona norte también fueron partícipes excluyentes de distintas coordinaciones más amplias del activismo combativo y antiburocrático. En Villa Constitución, luego de la toma de la planta de Acindar y los hecho conocidos como el primer “Villazo”, se conformó la Lista Marrón, encabezada por Alberto Piccinini. Tras un largo conflicto con la dirigencia sindical metalúrgica nacional, resultó vencedora en las elecciones de comisión interna en la fábrica y en los comicios de la seccional local de la UOM a fines de 1974, transformándose en un ejemplo de lucha antiburocrática a nivel nacional. En el plano zonal, se conformó el mismo año un movimiento metalúrgico clasista en la seccional de Vicente López (que abarcaba también a las localidades de San Fernando, San Isidro y Tigre), con delegados y militantes de importantes fábricas metalúrgicas como Tensa, Del Carlo y Astarsa, con relevancia en el acompañamiento de los intensos conflictos de la zona durante ese año. A nivel nacional, la militancia obrera de la zona participó en instancias como el “Plenario de la Democracia Sindical”, realizado en solidaridad con el conflicto de Villa Constitución en abril de 1974, y el “Plenario Nacional de Sindicatos, Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y Comités de Lucha de gremios en conflicto”, desarrollado en San Miguel de Tucumán en septiembre del mismo año y brutalmente reprimido durante su transcurso.
La ofensiva represiva previa a la dictadura cívico-militar
Desde fines de 1973, con el inicio del accionar de la Triple A y otras estructuras parapoliciales a nivel nacional, la persecución sobre trabajadores y militantes de base vinculados a las tendencias combativas del movimiento obrero y popular se profundizó, generando un progresivo cambio de tendencia en las luchas sociales.
Menos de un mes después del inicio del Operativo Independencia en Tucumán (ver nota aparte en este número), el gobierno de María Estela Martínez de Perón llevó adelante el megaoperativo de fuerzas conjuntas “Serpiente Roja del Paraná”. En él confluyeron los nudos de una ofensiva estatal y empresarial contra el activismo obrero combativo y antiburocrático del cordón industrial. La acción represiva del 20 de marzo de 1975 fue lanzada por el ministro del interior Alberto Rocamora sobre las ciudades del cordón industrial de la ribera del Paraná, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario, y tuvo como epicentro a la ciudad de Villa Constitución. La razzia del 20 de marzo en la zona ribereña del Paraná se dirigió centralmente al proceso de lucha que había tomado cuerpo en los meses previos en Villa Constitución, aunque tuvo repercusiones en otras ciudades de la zona, como Zárate, Campana y San Nicolás. La ciudad santafecina fue militarizada y ocupada por unos cuatro mil agentes de fuerzas policiales, carros de asalto, lanchas, helicópteros, personal de Gendarmería y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), así como por organizaciones paramilitares, y distintos sectores de la derecha del peronismo, la Juventud Sindical Peronista y el Ministerio de Bienestar Social dirigido por López Rega. Además de choques con heridos y al menos quince asesinados, fueron detenidos unos 300 trabajadorxs y activistas, entre los que se encontraban casi en pleno los integrantes de la Comisión Directiva de la seccional local de la UOM pertenecientes a la lista Marrón. El albergue de obreros solteros existente en la planta de Acindar se transformó en uno de los primeros CCD al interior de una fábrica en el país, lo que luego se replicaría en otros establecimientos.
Octubre de 1975 marcó el inicio de otro fuerte ciclo represivo, como parte de lo que comenzaba a ser una oleada de secuestros, desapariciones y asesinatos de delegados y delegadas fabriles en toda la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Este proceso se desarrolló al amparo de las normativas de “aniquilamiento de la subversión” promulgadas por el Poder Ejecutivo durante ese mismo mes. Se trataba de los decretos 2770, 2771 y 2772, que dispusieron la creación de un Consejo de Seguridad Interna, con miembros del Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y un Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa, para dirigir, conducir y ejecutar la “lucha contra la subversión”.
Este avance represivo estatal y paraestatal se complementó con el primer intento serio de planificación redistributiva contrario a la clase trabajadora durante aquellos años, en lo que se conoció como el “Rodrigazo”. Aún en este contexto, en junio y julio de 1975 se desarrollaron importantes movilizaciones contra el plan de ajuste del gobierno, que resultaron un punto cúlmine en el proceso de luchas sociales en la zona. El 16 de junio los trabajadores de la planta Ford de Pacheco protagonizaron uno de los hitos de la coyuntura, cuando decidieron movilizar unas 5000 personas por la autopista Panamericana, con el objetivo de llegar a la Plaza de Mayo y la sede del sindicato automotriz SMATA, aunque finalmente levantaron la medida al llegar a la General Paz, ante la amenaza de represión policial. Las conocidas popularmente como Coordinadoras Interfabriles se posicionaron como una de las organizaciones con máximo protagonismo en estos hechos, particularmente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Surgidas como instancias de coordinación entre cuerpos de delegados, comisiones internas, comités de lucha y activistas político-sindicales de distintas actividades por localidad, expresaron un núcleo muy dinámico de organización y militancia obrera, y de enfrentamiento con las dirigencias sindicales ortodoxas. La acción de las Coordinadoras, junto a las numerosas movilizaciones y acciones de protesta llevadas desde las bases durante aquellas semanas, lograron forzar a la CGT para que convoque al primer paro general contra un gobierno peronista, los días 7 y 8 de julio de 1975, y finalmente, la conquista de aumentos salariales superiores a los pautados por el gobierno y la renuncia al gobierno de los ministros López Rega y Rodrigo.
La dictadura, Campo de Mayo y la responsabilidad empresarial en la represión a trabajadorxs de zona norte
Con el golpe de Estado de marzo de 1976, la clase trabajadora se vio duramente afectada por una serie de políticas económicas y laborales que minaron una buena parte de los derechos y posiciones adquiridos y que se articularon con los brutales efectos de la represión sistemática y el terrorismo de Estado. En el ámbito industrial, la contracción del salario real superó el treinta por ciento solamente durante el primer trimestre de gestión militar, a partir del congelamiento salarial, la liberalización de precios y la devaluación cambiaria. A la par de la caída del empleo y de los salarios reales, se dio un crecimiento de la productividad laboral, lo que conllevó un notable aumento en los índices de explotación de la fuerza de trabajo a tasas acumulativas. En el terreno de la normativa laboral se establecieron una serie de regulaciones orientadas a limitar seriamente la actividad gremial, con suspensión del derecho a huelga, la prohibición de realizar asambleas, reuniones, congresos y elecciones sindicales y cualquier medida de acción directa, trabajo a desgano y baja en la producción.
Distintas directivas y planes de las Fuerzas Armadas apuntaron a delimitar el objetivo represivo bajo la figura de la “subversión” en el ámbito industrial y la denominada “guerrilla fabril”, apuntando específicamente a los sectores combativos del movimiento obrero y lxs representantes gremiales de base de los establecimientos más significativos. Por ejemplo, la extensa directiva 504/77 de “continuación de la ofensiva contra la subversión” para el período 1977-1978, redactada en abril de 1977 por la Jefatura III de Operaciones en conjunto con el Ministerio de Trabajo, incluía un anexo dedicado exclusivamente al desarrollo de las operaciones represivas en el ámbito fabril, que era considerado “como una de las actividades prioritarias de la LCS (Lucha Contra la Subversión)”. La directiva proponía operar represivamente sobre aquellos establecimientos “infiltrados por elementos subversivos”, prioritarios en el proceso productivo del país y líderes en el sector o actividad correspondiente, además de sobre específicamente sus cuerpos gremiales de base. Se destacaba la necesidad de “erradicar los elementos subversivos, empleando el método que en cada caso resulte más conveniente para el éxito de la operación”, aclarando que para el caso de detenciones debería tratarse de que las mismas se produzcan fuera de las empresas y de forma velada.
Desde mayo de 1976 el cordón industrial de zona norte quedó incluido en la Zona IV, bajo mando de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio del Ejército de más de cinco mil hectáreas ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense. Campo de Mayo se transformó durante la última dictadura en uno de los mayores Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el país, en el que se montaron distintos espacios de cautiverio ilegal. Allí permanecieron cautivos centenares de trabajadores, trabajadoras y activistas vinculados a establecimientos laborales del cordón industrial de zona norte como Astarsa, Dálmine-Siderca, Del Carlo, Ford, Tensa y Terrabusi, entre muchos otros.
Un punto a destacar es que la represión hacia lxs trabajadorxs, activistas y delegadxs gremiales ejecutada por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura fue posible en el territorio fabril debido a que cuadros empresariales (desde accionistas y dueños hasta gerentes, supervisores y capataces) realizaron tareas cruciales para su éxito. Estas formas de violencia fueron parte fundamental de la respuesta que importantes sectores del capital llevaron adelante, en articulación con el despliegue del terrorismo de Estado hacia mediados de los años setenta, para enfrentar aquel poder obrero que amenazaba su control desde los espacios de trabajo y producción, introducir drásticos cambios en las relaciones laborales, avanzar sobre conquistas previas de lxs trabajadorxs, llevar adelante planes de reestructuración productiva y obtener aumentos extraordinarios en las tasas de explotación y ganancia. Para distintos casos, las investigaciones históricas (muchas actualmente en curso) identificaron patrones comunes en términos de prácticas empresariales represivas y formas de militarización en los territorios fabriles y barrios obreros, que resultan fundamentales para determinar lo que hoy entendemos como responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadorxs3.
Desde la habilitación de instalaciones de empresas para el asentamiento de fuerzas represivas hasta el secuestro de trabajadorxs desde las fábricas, pasando por pedidos de intervención militar en conflictos laborales, una de las formas más extremas de estas prácticas fue la instalación de CCD en territorios pertenecientes a las empresas. Por ejemplo, en el complejo fabril de la automotriz estadounidense Ford, en Pacheco, llegó a funcionar un centro de detención ilegal y tortura ubicado precisamente en el quincho del campo de deportes que había sido destinado en un inicio para que lxs trabajadorxs disfrutaran de su tiempo libre. Allí, un grupo de trabajadores y delegados que habían sido privados de su libertad desde sus puestos de trabajo fue mantenido en cautiverio, sufriendo torturas4. Por su parte, el Club Dálmine en Campana, dependiente de la empresa siderúrgica Dálmine-Siderca del Grupo Techint, constituyó otro lugar de detención ilegal donde se mantuvo a trabajadorxs y delegadxs en condiciones infrahumanas de detención. Esta empresa también puso a disposición el Hotel Dálmine de su propiedad para la planificación y organización de la logística represiva en la zona de Zárate y Campana.
Otra práctica común en las empresas de la zona fueron los operativos militares en la puerta y alrededores de los espacios laborales desde el mismo día del golpe, en los se llevaron secuestrados a numerosos trabajadorxs y activistas previamente identificados. Los oficiales a cargo de estos operativos contaban con listados de personas a detener confeccionados por las direcciones de las empresas y, en algunos casos, lxs trabajadorxs fueron señalados en el momento por agentes de seguridad privada o por los mismos directivos, como ocurrió en los astilleros Astarsa y Mestrina, en Tigre, y en Cerámicas Cattaneo, en Boulogne. A lo largo de la dictadura, continuaron los operativos que involucraron secuestros en el marco de conflictos sindicales, como ocurrió en Dálmine-Siderca en 1979, o en el marco de estrategias de lock-out patronal, como la que planificaron los directivos de Porcelanas Lozadur (en Villa Adelina) durante 1978.
En distintos casos se produjo la entrega de información privada de lxs trabajadorxs (listados de delegadxs, legajos, fotos, domicilios, horarios y días de franco, etc.) por parte de los directivos de las empresas a los agentes de inteligencia militar o policial. Esta información tuvo una importancia central en la concreción de los operativos y secuestros fuera de las fábricas, en muchos casos en el trayecto de casa al trabajo o en las viviendas obreras. Por ejemplo, en el caso de la automotriz Mercedes Benz (ubicada en González Catán pero parte del circuito represivo dirigido desde Campo de Mayo), un trabajador presenció cómo el gerente de producción aportaba a las fuerzas de seguridad presentes en la fábrica la dirección particular de un obrero que fue secuestrado a las pocas horas. Asimismo, el jefe de la agencia de seguridad privada que funcionaba en Dálmine-Siderca reconoció en uno de sus testimonios judiciales que visitaba recurrentemente la Comisaría de Campana, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia y a las autoridades militares apostadas en la zona.
Los contactos y encuentros eran asiduos entre los directivos empresariales y las autoridades del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo, a quienes se remitía listados completos con detalles de los delegados de los trabajadores, sus funciones, domicilios y datos familiares. Así lo apuntó la declaración del ex suboficial Bernardo Caballero en el juicio Campo de Mayo-Mercedes Benz, quien se refirió a las reuniones en la “Sala de Situación” entre sus superiores del departamento de inteligencia y el empresariado de la zona. El propio jefe de Personal de Astarsa solicitó a comienzos de 1976 los domicilios de todos los trabajadores para ser remitidos a las autoridades militares, hecho que se vincula a los secuestros de trabajadores en sus casas que ocurrieron con inmediata posterioridad. Otro mecanismo de recolección de información privada de lxs trabajadorxs se efectuó a través de la actividad de inteligencia por parte de agentes infiltrados que habían ingresado en las fábricas tanto antes como después del golpe. En Dálmine-Siderca, estos agentes, que estaban vinculados con la agencia de seguridad privada que funcionaba en la planta, utilizaron la información acumulada posteriormente para operativizar despidos, detenciones y secuestros.
La política represiva empresarial en todo el cordón industrial de la zona norte se articuló con el despliegue del Terrorismo de Estado y con la política laboral de la dictadura orientada, según sus propias órdenes y declaraciones, a reestablecer lo que llamaban el “orden” en las relaciones capital-trabajo y la “normalización” de los cuerpos gremiales de base. La modificación de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo en las plantas y la implementación de profundos cambios en las relaciones laborales, en un marco de pérdida de terreno para la organización y participación gremial, de retroceso en derechos laborales conquistados previamente y de una renovada regimentación de la cotidianeidad en la fábrica por las patronales fueron algunas de las consecuencias del accionar articulado entre fuerzas militares y empresariales. Los efectos perduran hasta la actualidad.
La incorporación de la mirada de clase le otorga mayor peso a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, retomando la experiencia y la memoria de lucha y organización obrera durante aquellos años y señalando la responsabilidad empresarial en el genocidio. Un nuevo 24 de marzo exige recordar que la aplicación de formas de violencia extrema contra lxs trabajadorxs por las patronales no son novedades en la historia. Por eso la memoria por lxs 30.000 compañerxs desaparecidxs se disputa y se reactualiza también en el terreno de la lucha cotidiana contra los responsables de ayer, que siguen siendo los responsables de la miseria planificada de hoy. Porque preguntarnos por el pasado y por los perpetradores del genocidio es cuestionar el presente y a los actores que continúan protagonizando nuestra realidad. Porque la historia es una relación activa del presente con el pasado, y nuestro conocimiento de ella actúa necesariamente como factor útil para el movimiento de la sociedad y el devenir de las luchas populares actuales.
- Peláez, Pablo; Galli, Marianela; Archivo Nacional de la Memoria (2023), Represión a trabajadores y trabajadoras desde Campo de Mayo. Aproximaciones al cordón industrial de zona norte durante el terrorismo de Estado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos. Disponible en: https://acortar.link/uePDGI ↩︎
- La idea de “empate hegemónico” hace referencia a la situación política predominante en el país desde 1955, en la que las distintas fuerzas sociales y políticas eran capaces de vetar los proyectos de las otras, aún sin lograr imponer de manera perdurable un orden acorde a sus intereses. En términos económicos, reflejaba una situación en la que la fracción predominante de la clase dominante local, constituida por grupos monopólicos ligados al capital extranjero, no lograba imponer un orden duradero que le permitiera asentar una hegemonía política. La proscripción del peronismo, las divisiones en el radicalismo, y las continuas intervenciones y golpes de Estado de las Fuerzas Armadas durante el período fueron la manifestación más superficial de este fenómeno. ↩︎
- El trabajo más sistemático y abarcador hasta el momento sobre la temática para el caso argentino es el informe de 2015, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad: represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, en el que se analizaron 25 casos de empresas. Se puede descargar en el siguiente link: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/ ↩︎
- En diciembre de 2018, en un fallo histórico y con repercusión mundial, el TOF 1 de San Martín condenó al ex jerarca militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a quince años de prisión, así como al ex jefe de seguridad de la fábrica automotriz, Héctor Sibilla, a doce años, y al ex gerente de manufactura de la misma, miembro del directorio y reemplazante del presidente de la empresa, Pedro Müller, a diez años, como partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra veinticuatro trabajadores y delegados gremiales de la fábrica entre 1976 y 1977. Los trabajadores de Ford, sus familias y compañerxs, su lucha y su compromiso, marcaron un camino a seguir, que actualmente es retomado en otras disputas y causas judiciales más o menos encaminadas para juzgar otras responsabilidades empresariales en el marco del Terrorismo de Estado, como el caso del ingenio La Fronterita en Tucumán, los astilleros Astarsa en Tigre, la siderúrgica Acindar en Villa Constitución, la automotriz Mercedes Benz y las ceramistas Lozadur y Cattaneo de zona norte del conurbano bonaerense, entre otras. ↩︎