El terrorismo de Estado se inició antes que la dictadura
Por Claudio Quiroga. Militante de Marabunta, regional Tucumán
Se cumplen 50 años del Operativo Independencia, a menudo mencionado como la antesala del genocidio que sufriría la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Esa fecha fue el punto de inflexión que significó el derrocamiento de un gobierno constitucional, la destitución de las instituciones de gobierno de la República y la pérdida de garantías democráticas elementales, pero el genocidio empezó a idearse y ejecutarse bastante antes.
Se inició con acciones de un gobierno constitucional, elegido democráticamente por el pueblo. El decreto 261/75 que firmó María Estela Martinez de Perón el 5 de febrero de 1975 fue un paso decisivo para institucionalizar y perfeccionar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que ya venía llevando a cabo la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A) desde enero de 1974. El decreto ordenaba el aniquilamiento del accionar subversivo y daba inicio al Operativo Independencia, el ensayo general del plan sistemático del golpe cívico-militar-eclesiástico.
La conformación de la Triple A y el Operativo Independencia fueron medidas de un gobierno constitucional que generaron terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Estas medidas se tomaron en connivencia y con participación directa del ejército, la iglesia y el empresariado local, quienes son cómplices y responsables del genocidio en Argentina.
Hoy tenemos un gobierno negacionista de ese genocidio, con discursos de odio a las minorías y que lleva adelante una política represiva muy fuerte contra toda expresión de protesta social. Estas características del gobierno de Milei nos exige más que nunca leer los acontecimientos históricos a la luz del presente que atravesamos. Del ejercicio de la memoria activa surgen preguntas que no podemos dejar de hacernos. ¿Bajo qué circunstancias hoy, este gobierno constitucional pero de perfil fascista, inmerso en un escenario de conflictividad ascendente puede dar un salto represivo a la ilegalidad? ¿Cómo construimos un movimiento de resistencia que pueda frenar o enfrentar ese salto?
El terrorismo de Estado (constitucional): la Triple A y el Operativo Independencia
Las décadas de 1960 y 1970 en Argentina se caracterizaron por un elevado nivel en la lucha de clases, donde la clase trabajadora dió grandes batallas, como el cordobazo (1969), el rosariazo (1969), los tucumanazos (1969, 1970 y 1972), el viborazo (Córdoba, 1971) y el villazo (Villa Constitución, Santa Fé. 1974), entre otras. Importantes experiencias de autoorganización de la clase trabajadora organizada que incorporó a estudiantes y otros sectores oprimidos que se solidarizaron con la causa y se identificaron con sus principios. En el fondo no sólo se discutía el carácter antidemocrático de los gobiernos militares de turno y las burocracias sindicales de cada sector. Se discutía sobre poder y sobre la viabilidad de cambios por medio de la revolución; y en la práctica se prefiguraba otro tipo de sociedad posible. Y se ponía en cuestión la hegemonía burguesa capitalista.
Toda esta actividad obviamente fue duramente reprimida por los gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanusse, pero también por el gobierno constitucional de Perón desde sus inicios. Si bien Perón ya venía teniendo un claro ataque discursivo contra las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, desde que volvió al poder configuró un aparato represivo tanto legal como ilegal con el fin de desarticular esas organizaciones. Alicia Servetto, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en su texto “Memorias de intolerancia política: las víctimas de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista)” describe así ese período:
“(…) es necesario, sin embargo, observar que durante el tercer gobierno peronista (1973-1976), y más precisamente en los años previos al golpe, ya se había generalizado la represión ilegal y la violencia estatal de los grupos parapoliciales, alentados y organizados desde el mismo aparato del Estado. Las acciones de la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A) fueron agravando el clima de persecución y violencia, a través de amenazas y asesinatos de dirigentes políticos y gremiales apareciendo los campos de concentración-exterminio, estando en vigencia las instituciones democráticas.”
En enero de 1974 ya funcionaba la Triple A, organización parapolicial que contaba con los fondos y armamentos que le proporcionaba el Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega. López Rega además se desempeñó como secretario privado del presidente Perón y máxima autoridad de la Triple A.
Continuando con la investigación de Servetto vemos que, ya antes incluso del Operativo Independencia, surgen campos de concentración y exterminio y se pone en práctica la desaparición de personas.
“(…) estas organizaciones realizaron en todo el país más de 400 asesinatos y secuestros (…), cifra que para algunos autores ascendía a 900. Entre julio y agosto de 1974, se contabilizó un asesinato de la AAA cada 19 horas. Se había iniciado la práctica de la desaparición de personas.”
La puesta en marcha del Operativo Independencia implicó un salto cualitativo y cuantitativo en la represión ilegal y el terrorismo de Estado. Esta avanzada represiva implicaba una participación global activa de los aparatos represivos del Estado en forma institucional.
El Operativo Independencia montó en el territorio de la provincia de Tucumán 80 espacios de detención clandestina, 11 de ellos fueron grandes CCD entre los que se destacan las bases militares que funcionaron en la escuelita de Famailla, la jefatura de policía de Tucuman y los ingenios La Fronterita, Santa Lucía y Lules. Hubo 825 víctimas, de las cuales 527 fueron liberadas, 40 asesinadas y 258 continúan desaparecidas1.
Algunos datos demuestran claramente la ferocidad y profundidad que tuvo el accionar del terrorismo de Estado durante la etapa constitucional del Operativo Independencia. El 44% del total de víctimas de genocidio en Tucumán fueron secuestradas durante el Operativo Independencia. Además, durante los 13 meses que duró fueron secuestrados 10 niños de hasta 14 años y 10 escuelas fueron utilizadas como espacios para la detención clandestina de personas, mientras que el total para el período 1975-1983 es de 56 niños y 17 escuelas.
También se observa la persecución que padecieron los militantes sindicales en particular y les trabajadorxs del sector azucarero en general. Al menos 123 trabajadorxs del sector de la agroindustria azucarera fueron secuestrados durante el Operativo Independencia, cifra que asciende a 305 en la dictadura cívico-militar. No casualmente 14 de los espacios utilizados para detención clandestina estaban vinculados a la agroindustria azucarera. 5 de ellos eran o habían sido ingenios azucareros.
El Operativo Independencia cierra un círculo de ataques desde el Estado a les trabajadorxs del sector azucarero que se había iniciado en 1966 cuando se cerraron 11 de los 27 ingenios de la provincia por decreto. Este ataque permitió la concentración del sector en pocas manos, avanzar sobre la precarización laboral y maximizar las ganancias de los empresarios. Además, desarmó el tejido social y económico que existía en torno a los pueblos azucareros y provocó una migración masiva de trabajadores y familias tucumanas hacia otras ciudades y pueblos de la Argentina. Entre otras consecuencias, en la cosecha de 1976 se usó por primera vez la máquina cosechadora integral en el Ingenio la Fronterita (Famailla). La extensión de su uso provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo
Consenso y coerción. Democracia y dictadura
La dicotomía real que existe entre democracia y dictadura como formas de gobierno, en muchos casos colaboran a invisibilizar distintos grados de atropello hacia las libertades individuales y garantías constitucionales de las personas que llevan a cabo gobiernos elegidos democráticamente. Ambas formas de gobierno son estrategias válidas de la burguesía para imponer su propósito último: esto es, la pervivencia del orden capitalista y la vigencia plena de la extracción de plusvalía a la clase trabajadora.
Claro que la dictadura tiene implicancias y consecuencias mucho más profundas, drásticas y dramáticas. Pero la coerción es el camino elegido siempre por la burguesía cuando no puede imponer las reglas del juego por la vía del consenso. Ya sea el uso del monopolio de las fuerzas represivas del Estado, el uso de fuerzas de choque parapoliciales y la represión ilegal o lisa y llanamente las dictaduras militares.
La burguesía tiene para cada lugar y para cada momento histórico, su estrategia adecuada para la pervivencia del orden capitalista. Cuál implementa depende de la robustez de las instituciones de las democracias burguesas, de la tradición y predisposición de resistencia del pueblo y de la capacidad de organización y lucha de las organizaciones de les trabajadorxs y los sectores oprimidos.
El principal objetivo del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 fue frenar de cuajo el proceso de crecimiento organizativo y político que venía llevando adelante la clase trabajadora a lo largo y ancho del país. Sin ese paso no podría implementar el orden social necesario y la matriz productiva más beneficiosa para la burguesía local y el imperialismo yanqui. En síntesis, frenar el auge de lucha de clases que se estaba desarrollando en el país para avanzar en el camino del neoliberalismo.
El golpe de Estado fue necesario porque, a pesar del terror sembrado por la Triple A y el Operativo Independencia, el proceso organizativo de la clase seguía firme en la fábricas, las universidades y los barrios. No fueron suficientes los secuestros, las detenciones ilegales y la desaparición de personas implementadas por las fuerzas parapoliciales o los militares. Antes también había fracasado la política de conciliación de clases de pacto social impulsada por el flamante tercer gobierno de Perón.
¿Hasta dónde puede avanzar Milei para implementar su plan de gobierno?
Una primera respuesta es que va a avanzar hasta donde se lo permitamos. Si bien la sociedad argentina parece estar adormecida y expectante tiene una gran tradición de lucha y resistencia. Las marchas universitarias de 2024 y las marchas del orgullo antifacista y antirracista en todo el país de 2025 marcaron el camino. El reciente apoyo que recibieron los jubilados de hinchas de clubes de fútbol y motoqueros para su marcha de los miércoles puede ser otro peldaño en la escalera de la resistencia.
El gobierno de Milei demostró que a más de un año de su asunción y a pesar del aumento de la pobreza y la desocupación, la disminución del poder adquisitivo y su política abiertamente fascista, xenófoba y patriarcal, aún goza de un importante grado de consenso en la sociedad. A la vez, tuvo que recurrir a la represión en más de una ocasión para controlar la calle y a los decretazos para imponer su agenda de gobierno.
De ese escenario surgen otras preguntas: ¿La deslegitimación actual de un sistema político corrupto y un estado ineficiente le puede permitir a Milei gobernar por decreto? ¿Hasta dónde? ¿La violencia de las redes ejercida ante quien piensa distinto por su ejército de trolls se puede trasladar a la calle? ¿Qué implicancia real tiene la agrupación “las fuerzas del cielo” autodenominada como el brazo armado de LLA? ¿Cual es el enemigo que intenta construir para legitimarse?
El fin de esta nota no es comparar los roles del Estado y el gobierno de los años previos al golpe de 1976 con la actualidad. El contexto internacional, el nivel de lucha de clases y del uso de fuerzas represivas paraestatales, sólo por nombrar algunos aspectos, son totalmente distintos. Pero si tiene como propósito proponer leer hechos de nuestra historia en clave con los acontecimientos actuales. Hacer el ejercicio de la memoria histórica en forma crítica y propositiva para defender los derechos humanos de ayer y de hoy. Y que podamos construir herramientas colectivas de análisis de nuestra coyuntura que nos permitan entender mejor el presente para atacar de forma más efectiva a nuestros opresores.
En materia de Derechos Humanos, no sólo debemos resistir la política de este gobierno que busca vaciar los sitios de memoria, y desguazar las áreas del estado vinculadas a los DDHH (las querellas en los juicios, el acompañamiento de testigos y víctimas, el Archivo Nacional de la Memoria, la CONADI), sino el avance en su batalla abierta contra la revolución socialista y el marxismo. Allí anidan las bases de un cambio social profundo, sin oprimidos y en armonía con el ambiente, única posibilidad de cambiar el mundo de raíz. Se lo debemos a les 30.400.
- Base de datos Genocidio en Tucumán (1975-1983). Centro de estudios sobre genocidio – Universidad Nacional de Tres de Febrero y Fundación Memoria e identidades de Tucumán ↩︎