La crisis de la deuda argentina

Por Guillermo Gigliani: Ex profesor de Ciencias Económicas de la UBA

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Macri –integrado por la alianza PRO-UCR- estableció la apertura de los mercados de capitales y llevó adelante un profuso endeudamiento con el exterior, que entre enero de 2016 y abril de 2018 ascendió a 100.000 millones u$s . El nivel de la tasa de interés interna atrajo capitales de corto plazo que, cuando advirtieron el riesgo de una devaluación, se retiraron masivamente. En abril de 2018, ese retiro tuvo un fuerte impacto sobre el tipo de cambio que, en pocas semanas aumentó un 50%. En medio de una continua pérdida de reservas, Macri solicitó un financiamiento al FMI, que le fue concedido junto al clásico programa de reducción del salario, flotación cambiaria, restricciones fiscales y crédito caro. La política impuesta por el organismo generó una mayor inestabilidad en el mercado del dólar e impulsó la tasa de inflación y la salida de capitales. La corrida sólo pudo ser contenida cuando en septiembre de 2019, el ministro Lacunza estableció un control de cambios, que rige sin interrupciones hasta hoy.

En las elecciones presidenciales de octubre de 2019, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner se impuso por una amplia mayoría. Esta campaña electoral tuvo un rasgo particular, porque el partido ganador nunca aclaró su posición frente a la crisis de la deuda, que constituía el principal problema de la economía nacional. No se hizo el menor anuncio sobre si era necesaria una investigación de la enorme deuda contraída por Macri. Los pasivos que hoy están en manos de los bonistas privados son atribuibles, en forma determinante, a la especulación cambiaria de aquel período, alimentada mediante la entrada de capitales. Estos fondos se destinaron a operaciones de carry-trade con las Lebacs del BCRA. Se trataba de colocaciones en pesos que pagaban una tasa de interés que, calculada en dólares, era varias veces superior a las del mercado mundial . Cuando los inversores financieros advirtieron el peligro de un hundimiento de la moneda argentina, retiraron en forma abrupta sus fondos del país. Ni los acreedores externos ni el gobierno de Macri, que era la parte deudora, ignoraban que esos capitales no tenían ningún destino productivo y que entraban para conseguir ganancias rápidas en el sistema monetario. El hecho de no ser destinadas a la inversión productiva y el nivel elevado de la tasa de interés que devengaban, exponía esas operaciones a riesgos muy altos, entre ellos, un salto del tipo de cambio y la insolvencia. A fines de 2017, se conoció que el déficit de cuenta corriente externo había registrado el 5% del PIB. Como sucede habitualmente en estos episodios en la periferia, la inminencia del final no sólo es identificado por los expertos en finanzas sino que aparece hasta “pintado en las paredes”. 

El FMI le había concedido al gobierno de Macri un préstamo de 57.000 millones u$s. Pero al poco andar, frente a la gravedad que asumía la crisis, anunció que reducía ese desembolso a 44.500 millones u$s. A pesar de esa reducción, se trata del mayor préstamo hecho por el FMI en su historia. Esta operación violaba por lo menos dos cláusulas de su propio estatuto. Primero, el monto del préstamo concedido excedía largamente la cuota asignable a la Argentina. Segundo, haber permitido que el gobierno de Macri utilizara una parte de esos recursos para frenar la escalada del tipo de cambio vendiendo divisas a los especuladores.

Eric Toussaint, un economista que defiende la moratoria unilateral de la Argentina, sostiene que el gobierno peronista dejó pasar una oportunidad histórica, entre fines de 2019 y comienzos de 2020, al no someter esos créditos a una auditoría pública para determinar, entre otras cosas, cuál había sido su destino. En su criterio se está frente a una deuda odiosa por dos razones. Primero, por el uso que se hizo de ese capital, en el sentido de si contribuyó o no a beneficiar a la sociedad. Segundo, por el conocimiento que tenían los prestamistas del uso que se le iba a dar al préstamo y por las condiciones de repago acordadas. Toussaint considera que una deuda odiosa justifica que el deudor tome medidas con relación a su devolución.

El gobierno de Alberto Fernández no hizo nada en ese sentido y colocó en el ministerio de economía a Martín Guzmán, un profesor de Columbia partidario de no confrontar con los grupos de Wall Street ni con el FMI. En los primeros meses de su gestión, el capital financiero hizo sentir sus presiones a través de ciclos de suba del dólar. En agosto de 2020 se firmó el canje con los bonistas privados y en abril de 2022 se arribó a un acuerdo con el FMI. El cronograma actual de pagos al exterior y, sobre todo, el perfil de enormes vencimientos en 2025-2027 muestra la medida en que el ministro Guzmán hipotecó el futuro del país. 

Las políticas impuestas por el FMI provocaron una reducción del salario real y de las jubilaciones y sucesivas corridas cambiarias. La tasa de inflación pasó del 94.8% en 2022 al 211.4% en 2023. Asediada por los vencimientos y por la falta de créditos externos, Argentina entró en 2023 en un ciclo de pérdida de reservas. En julio de 2022, bajo las críticas del ala camporista del gobierno, Guzmán tuvo que renunciar. Con la aprobación expresa de Cristina Kirchner, lo sucedió Sergio Mazza. El nuevo ministro aplicó el ajuste con todavía mayor intensidad que su predecesor. El dato a destacar es que durante el año y medio que estuvo en el ministerio, la izquierda peronista en sus distintas vertientes apoyó sin críticas la gestión de Mazza.

A pesar de no poder vender dólares al público, durante la presidencia de Fernández el BCRA siguió perdiendo reservas por motivos ajenos a las renegociaciones de la deuda pública. Scaletta sostiene que en 2019-2023, uno de los grandes negocios del capital local fue acceder al dólar oficial barato para  vender en los mercados financieros (CCL y dólar bolsa) a un precio más alto, embolsándose la diferencia (la “brecha”) . Segundo, de acuerdo al CIFRA, en el período anterior a la sequía agrícola, entre 2020 y 2022, la balanza comercial registró un superávit de 45.000 millones u$s . En ese mismo período, los pagos de la deuda externa privada de las empresas concentradas locales insumieron reservas del BCRA por 24.600 millones u$s a la cotización oficial. En suma, durante ese período, el BCRA funcionó como un colador.

A mediados de 2023, el país registró reservas externas netas disponibles negativas por -11.200 millones u$s. En agosto, frente al cierre de todos los circuitos de crédito, el ministro Mazza viajó a Qatar para obtener 770 millones u$s, por un plazo de 50 días y con jurisdicción en los tribunales ingleses. Argentina entró en una nueva fase de su crisis convirtiéndose en un país con enormes vencimientos y sin reservas.

En diciembre de 2023, el candidato de ultraderecha Javier Milei se impuso en los comicios presidenciales con el 56% de los votos, agitando un programa de ajuste, de pago la deuda externa de los bonistas y del FMI y de dolarizar la economía. Esta última promesa no la puede cumplir porque no cuenta con dólares. La “política de la motosierra” que lleva diez meses de aplicación determina una grave profundización de la recesión. Ello significa que habrán de continuar las cifras de pobreza, de indigencia y de hambre y un mayor sometimiento al imperialismo. Al inicio de su gestión, Milei pudo recomponer gradualmente las reservas netas del BCRA. Pero ya a mediados de 2024, frente a una merma de ingresos en divisas, dio un giro drástico y empezó a gastar divisas en el mercado de contado con liquidez para evitar que el tipo de cambio se disparara.

Hoy, solamente los argentinos –en particular, los partidos políticos del arco burgués- dicen que el país va a pagar su deuda externa. En el mundo nadie piensa que la Argentina esté en condiciones de pagar a pesar del actual “ajuste más grande de la historia” del presidente Milei. Es por esa razón que, continuamente, los bonistas se desprenden de sus títulos y sus cotizaciones bajan en la bolsa de Wall Street.  Argentina se encuentra en una encrucijada simplemente porque no puede conseguir recursos externos ni con la recesión ni con préstamos del FMI.

El país sólo puede salir de esta situación con una suspensión de los pagos. Hay que aclarar que una moratoria externa en la Argentina no puede ser vista como una medida de carácter nacional, esto es, que beneficia a todos los sectores de la sociedad. La no cancelación de los vencimientos sí va a beneficiar a los trabajadores y al pueblo en general, afectados por los programas de reducción de salarios y jubilaciones y la recesión. 

Pero afectará a las diversas fracciones de la burguesía en razón de la estrategia que llevan a cabo, consistente en la apropiación de las divisas que entran al país. Esta estrategia reduce en forma sistemática las reservas del BCRA. El modo de acumulación de las distintas fracciones del capital no consiste en invertir esos dólares en equipamiento productivo para fortalecer la economía sino en transferirlos al exterior. En virtud de ello, las divisas de la balanza comercial van a parar, en una enorme proporción, a plazas financieras del exterior. De acuerdo a estadísticas oficiales, los capitalistas locales han amasado una suma de 400.000 millones u$s radicada en el extranjero. Por esta razón, la burguesía en su conjunto no tiene interés alguno en la moratoria. Es en ese sentido que la deuda externa no constituye un problema de carácter nacional sino un problema de clases sociales. El BCRA no es una institución neutra que administra las reservas para las necesidades de la producción sino que constituye un engranaje de la salida de los fondos líquidos. Computando los capitales fugados (400.000 millones u$s, según las estadísticas oficiales), la Argentina sería un acreedor neto y no un deudor del resto del mundo.

La suspensión de pagos en la Argentina 

La declaración de una moratoria debe ser complementada con la nacionalización de la banca y del comercio exterior, como medidas indispensables para recuperar el manejo del crédito, el salario, el tipo de cambio y la tasa de interés para reconstruir la economía nacional. Asimismo, la suspensión de pagos debe tomar todos los recaudos necesarios tanto para poner en funcionamiento el aparato productivo y para erradicar el hambre que sufre una parte de la población.

En Capitalism, Shaikh (2016, 737-38) expresa que el no pago, en sus diversas variantes, no es un fenómeno desconocido en nuestros días . Islandia fue muy golpeada por la crisis de 2008 porque sus bancos habían tomado una deuda externa varias veces a superior a su ingreso nacional. Los tres bancos más grandes de ese país colapsaron y sus acreedores externos tuvieron que sufrir grandes pérdidas. El país se sacó de encima una carga aunque la economía se hundió en la recesión. Dado que Islandia todavía no había ingresado a la eurozona, pudo devaluar fuertemente su moneda lo que aumentó sus exportaciones y contrajo sus importaciones y el salario real. Además, los bancos quebraron y el país se sacó de encima un montón de deuda en moneda extranjera. Esto le permitió recomponer su situación. El contraste es el caso de Irlanda, un país que ya estaba en la eurozona y no pudo obtener ningún alivio a través de la devaluación de su moneda. El gobierno irlandés tomó partido por proteger sus bancos estatizando su deuda externa e imponiendo esa carga sobre su población. El número de desempleados en Irlanda subió de 106.100 en el tercer trimestre de 2007 a 324.500 en 2012 y los hogares si empleo ascendieron de 4.100 en 2006 a 145.800 en 2012. La pobreza se disparó y alrededor del 25% de los hogares había incurrido en moras bancarias hacia 2010.

En la Argentina, la decisión de suspender los pagos no puede desconocer todas las caras del problema. Contará con la oposición de las clases dominantes. Por eso, el punto de partida es lograr un consenso político, que esté dispuesto a sostener esa medida no sólo contra el bloque dominante local, sino también contra impugnaciones y ataques del FMI y de los grupos de Wall Street. Es probable que también la burocracia sindical, e incluso fracciones de la pequeña burguesía, pongan obstáculos a una medida de este tipo. Sin un consenso de masas no es posible llevar adelante la suspensión de pagos. También es probable que se intensifique la prédica política de que gobiernen “los menos malos”, esto es, que no haya alteraciones significativas y que se mantenga el estado actual de las cosas. Un corte político requiere transformaciones de gran envergadura. En primer lugar, es necesario remontar la pobreza y la indigencia que abarca a una parte grande de la sociedad. En segundo lugar, el país sufrió el vaciamiento de una parte sustancial de sus recursos sólo en concepto de la fuga de capitales en las primeras dos décadas del siglo XXI (190.000 millones u$s). Ello implica que se deben volcar recursos no sólo al postergado consumo de la población sino también al reequipamiento de capital fijo para aumentar el empleo y la capacidad de producción. En tercer lugar, el país debe llevar a cabo una planificación de sus recursos productivos. Hay que remontar décadas de una política de ensamblaje en el sector automotriz, en la electrónica de Tierra del Fuego y hay que echar las bases de inversiones en las distintas ramas productivas para el mercado interno y para la exportación. 

Volcar el excedente a la reproducción significa reconstruir el sistema financiero con una orientación y una estructura muy diferente a la vigente. Sin el control del banco central no hay posibilidad de manejar la macroeconomía. El funcionamiento del sistema monetario no es compatible con el cortoplacismo, con la extensión de créditos para el arbitraje financiero y mucho menos con la existencia de circuitos cambiarios que sean canales para la remisión del excedente al exterior. La moratoria plantea una serie de desafíos en materia de asignación de recursos, cuyo perfil va a estar delineado por los recursos disponibles y, también, por la relación de fuerzas que pueda convocar una orientación de este tipo.