Este miércoles 14 de agosto La Libertad Avanza y el PRO intentan avanzar en cámara de diputados con un proyecto de Ley que busca establecer a la educación obligatoria como “servicio estratégico esencial” en lugar de derecho social. ¿Qué hay detrás de esta medida?
La ofensiva contra la educación gratuita y de calidad parece ser un caballito de batalla donde confluyen varios actores del poder: mientras nos entretienen con escándalos mediáticos, las universidades de todo el país están de paro, en algunos casos con permanencias dentro de sus edificios. El reclamo por aumento salarial no tuvo respuestas por parte del gobierno, que hace oídos sordos y miente diciendo que ofrecieron mejoras ¡pero solo representan un 3%! Ahora, el gobierno y sus aliados de la oposición arremeten con un tema donde no hay distinción de signos políticos: establecer a la educación como un servicio esencial, pacto político del conjunto de los gobernantes y empresarios. A ningún empleador le gusta que les trabajadores se organicen.
¿La educación como servicio o como derecho? ¿Da igual?
Las palabras que se utilizan en las políticas públicas nunca son arbitrarias o ingenuas. Cada concepto esconde discusiones políticas históricas. La batalla sobre las palabras es clave porque la transformación del campo semántico es condición para establecer una nueva hegemonía.
La “educación como servicio” es parte del proyecto educativo de las derechas neoliberales (reconvertidas hoy en libertarias), que desde una visión mercantilista y utilitarista, buscan establecer a la educación como un bien de cambio, discutiendo así con la noción de educación como derecho. La educación como derecho social entiende al Estado como el principal garante de la educación. De este modo, el Estado debe garantizar las condiciones materiales para el acceso, la permanencia y el egreso a la educación de toda la población. En cambio, en la lógica de servicio, la educación se subsume a la órbita del mercado donde son los consumidores y proveedores, y no el Estado, quienes establecen las condiciones, la calidad y la forma de la educación.
El gobierno de Milei busca consolidar de múltiples formas esta concepción mercantilista de la educación. Estableció ayudas financieras para escuelas privadas; intentó imponer el arancelamiento de la educación superior para extranjeros y la educación híbrida desde la escuela primaria (Proyecto de Ley Ómnibus); y desfinancia la educación estatal. Esta ofensiva privatista es deseada por todos los sectores de las clases dominantes, ya que en el marco de las transformaciones en el mundo del trabajo (flexibilización y precarización laboral), la diversificación de ofertas educativas (escuelas para pobres y escuelas para ricos) es algo central. A la vez que reduce el costo educativo de la mano de obra poco capacitada (¿quién necesita un secundario de calidad o estudios superiores para trabajar en Rappi?).
¿Qué hay detrás de declarar a la educación como actividad esencial?
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que sólo pueden considerarse esenciales las actividades cuya interrupción implica una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. La OIT aclara que la Educación no es servicio público esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población, según los convenios 87 y 98, a los que la Argentina adhiere y que tienen rango constitucional.
Nuestra legislación laboral considera esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; y el control del tráfico aéreo. Establece que los conflictos gremiales que involucren medidas legítimas de acción directa en estas actividades, deberán garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Entonces cuando el gobierno busca establecer a la educación como servicio esencial, lo que está haciendo es limitar el derecho a huelga de les trabajadorxs de la educación.
Más detalladamente: el proyecto de ley dice que las escuelas de educación obligatoria deberán garantizar la apertura de los establecimientos durante la totalidad del horario los 190 días de clases; con un 30% del personal presente en caso de huelga, 50% del personal presente con 48 hs de paro; y 75% de presencia con más de 5 días de paro. El mismo gobierno que pretende establecer a la educación como esencial, reduce el presupuesto educativo, congela los salarios, anula las transferencias hacia el sistema alimentario escolar y las obras escolares. Pretenden ajustar sin resistencias…
Para les docentes lo esencial es luchar por la educación pública.
Esta medida busca generar un impacto político y social: contraponiendo el derecho a huelga con el derecho a la educación; y desorganizando al conjunto de la comunidad educativa. Pero les docentes sabemos que la lucha es con la comunidad por el conjunto de la educación pública!
A lo largo de la historia hemos luchado por la infraestructura, contra el recorte en educación, por el aumento salarial. La huelga es la acción directa que tenemos les trabajadorxs para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos de les trabajadorxs y de la educación pública y gratuita.
Con la huelga como acción directa, les trabajadorxs podemos disputar espacios de participación crítica donde construir colectivamente una educación pública y popular desde abajo y para les trabajadorxs. Por eso nos sumamos a la convocatoria de los gremios combativos, como SUTEBA Bahía Blanca y Marcos Paz, y reclamamos que los gobernadores no nos descuenten el día por ejercer el derecho a protestar. No podemos esperar a septiembre, como propone CTERA. La urgencia es ahora.
La clase existe porque lucha! ¡Este miércoles 14 de agosto nos movilizamos por nuestro legítimo derecho a la protesta!