La crisis actual pone de manifiesto lo fragmentado del tejido social, la adolescencia tucumana viene haciendo síntomas, no es algo nuevo pero está muy exacerbado ante la violencia institucional y comunicacional, casi como una política de estado. Por regional Tucumán
En las últimas semanas se han viralizado registros de distintas peleas de adolescentes en el microcentro tucumano, lo que ha obligado a Osvaldo Jaldo a dar respuesta, una no muy distinta a las que dió en otros momentos, como el caso de las amenazas de bomba en las escuelas y de armas de fuego en establecimientos escolares, siempre es una respuesta punitiva.
En este caso busca excluir aún más a esa población con un decreto (1290/1), que por un lado prevé que lxs adolescentes sean expulsadxs de las instituciones sin posibilidad de ser recibidos en otras por el resto del período lectivo, tratándose de un régimen totalmente ilegal al privar un derecho básico, humano y fundamental como el de la educación.
Por otro lado, pretende suplantar el régimen penal juvenil vigente de adolescentes de entre 16 y 18 años, por un régimen que no hace una distinción entre unx adolescente y adulto mayor de edad, al establecer que unx jóven puede ser detenidx ante cualquier “perturbación del orden público” y trasladado a cualquier establecimiento del sistema penitenciario.
Cuestiones que vemos con suma gravedad, ya que pareciera avanzar en los hechos con la baja de la edad de imputabilidad, muy a tono con los proyectos de ley que vienen tramando el actual Ministro de Justicia Cúneo Libarona, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich; o con los debates en comisiones del Congreso, regresivos en materia de derechos humanos modificando el código penal vigente impulsados por el Ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de seguridad; o con los posicionamientos por ejemplo del legislador tucumano Vargas Aignasse que viene expresando en distinto medios que lxs jóvenes adolescentes “alcanzan un nivel de madurez a una edad más temprana en comparación con décadas anteriores por el uso de redes sociales” o que “a los 14 años lxs adolescentes están ya desarrolladxs a niveles hormonales”.
Es imperante contextualizar estas escaladas de violencias y estas respuestas que bajan desde los ejecutivos, complejizar los debates y las tensiones se hacen necesarios para poder abordar las problemáticas sociales de una manera integral.
Nos encontramos inmersxs en una profunda crisis, que no sólo se profundiza desde hace años, y alcanza hoy una pobreza arriba del 40% y que afecta justamente más al sector juvenil y las niñeces; con comunidades tanto familiares como educativas profundamente fragmentadas y golpeadas, con salarios que no cubren canasta familiar alguna, con demandas a docentxs que se encuentran sobrepasadxs y muchas veces precarizadxs. Tampoco hay ninguna forma de contención a la salud mental de las adolescencias ni se permite implementar con firmeza los contenidos de la ESI, como forma concreta de trabajar los vínculos sociales y afectivos sin violencias.
He aquí la importancia de pensar qué políticas educativas públicas, qué definiciones y decisiones desde lo pedagógico son posibles entramar a la par de lxs jóvenes, en contextos tan hostiles. Cabe señalar lo alarmante de tener un Ministerio de Educación presidido por una ministra, Susana Montaldo, casualmente pedagoga, que acompañe medidas totalmente punitivas contra jóvenes, madres/padres e instituciones educativas, medidas que son equiparadas con los “límites y el amor”, y no pueda poner ni un matiz ni una propuesta de abordaje distinta y acorde a problemáticas y emergentes socioeducativos complejos y siempre multicausales, que interpelan a distintos actores, sectores y órganos del gobierno provincial.
Jaldo pretende ejecutar el plan “motosierra” de Milei ordenado por el FMI, a costo de las vidas de nuestras niñeces y adolescencias, de lxs trabajadorxs. La salida no es la mano dura y criminalización sino dar una respuesta social, económica e integral, la cual estos sectores no están dispuestos a dar.
Dejan sin alimentos a comedores comunitarios mientras los sectores financieros y extractivos siguen con ganancias millonarias. Aumentan las tarifas pero ponen techo a las paritarias que con la inflación actual da una licuación salvaje de nuestros ingresos.
El problema no se resuelve con punitivismo, sino con participación y protagonismo de lxs jóvenxs, de toda nuestra clase, luchando y organizándonos por una sociedad en la que no existan estas desigualdades, sin opresorxs ni oprimidxs.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE NUESTRAS ADOLESCENCIAS
NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
ABAJO EL PLAN DE AJUSTE Y CRIMINALIZACIÓN DE MILEI Y JALDO
Marabunta – Corriente Social y Política
Regional Tucumán