El Consejo Superior de la UNC votará este martes 22 de junio en sesión ordinaria un proyecto de declaración presentado por los decanatos de la agrupación VAMOS, pidiendo por la absolución de les 27 estudiantes procesades por participar de las luchas en el conflicto universitario nacional de 2018. Que este órgano de co-gobierno universitario se pronuncie en contra de la criminalización a estudiantes es un aporte progresivo frente a dicha criminalización, en la medida que mostrará un mayor aislamiento de los sectores políticos de la universidad y exteriores que encabezan, hasta el día de hoy, tanto un proyecto privatista en curso de las universidades públicas como la reacción punitivista contra las luchas estudiantiles.
La alianza de SOMOS, que integra el radicalismo y un sector del PJ universitario, son los que en el 2018 conducían el rectorado de la universidad con la dupla Hugo Juri como rector y Pedro Yanzi Ferreira como vice, manteniéndose esta fórmula al día de hoy. Recordamos que estas autoridades no solo no se hicieron presentes en ese momento para dialogar con el movimiento estudiantil que se encontraba sosteniendo las medidas de fuerza contra el ajuste en curso y la avanzada general contra las condiciones de estudio y trabajo en las universidades nacionales. También y no menos importante, fueron y son los responsables del desarrollo de una serie de estrategias represivas ilegales como patotas, amedrentamientos de diversas fuerzas policiales -que van desde la policía federal y la provincial hasta Gendarmería y el área de antiexplosivos- y, por último (al menos por ahora), una causa judicial bajo la carátula de “usurpación por despojo”; la cual pesa sobre 27 compañeres mandatades por las asambleas masivas y de base que elaboraron la política democráticamente en el proceso de lucha. Esta causa también involucró la imputación de la abogada y docente Leticia Celli.
Queremos reforzar la responsabilidad de las autoridades universitarias en la mencionada causa judicial, ya que, para empezar, esta se encontraba originalmente a nombre de Yanzi, el mencionado vicerrector de la universidad. Por su parte, el rector Juri ni siquiera apareció para dar la cara; sino que, desoyendo los clamores de la comunidad universitaria en lucha, se dedicó a hacer lobby entre legisladores que poco después votarían un presupuesto nacional de ajuste para las universidades. Esconderse fue toda una táctica, mientras seguía operante en la política universitaria nacional e internacional.
A pesar de todo, le resultó tan comprometedor al rectorado figurar como denunciante en una causa judicial que persigue a estudiantes, que inmediatamente después de la notificación de imputación a nuestres 27 compañeres, procedió a retirar el nombre de Yanzi de la causa, al mismo tiempo que elevó el 16 de octubre de 2018 una declaración al Consejo Superior, la cual rezaba “Que en esa oportunidad esta Universidad no formuló denuncia alguna aun no concordando con la medida de fuerza adoptada por un sector del movimiento estudiantil.”
Con esa declaración pretendieron desentenderse de la causa que comenzó con un expediente el primer día de toma del Pabellón Argentina, en el cual el vicerrector, con el acuerdo de algunos decanos tales como John Boretto de la Facultad de Ciencias Económicas y Marcelo Conrero de Ciencias Agropecuarias, entregó nombres de estudiantes a la Justicia Federal. Esta borrada de su nombre en el expediente y el posterior pronunciamiento, implicó sacarle la responsabilidad política y judicial al vicerrector y todo el arco político universitario que lo ampara.
El 22 de abril de este año el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ratificó la elevación a juicio a les 27 estudiantes de la UNC. A partir de esto, se profundizó el repudio a la causa, generalizandose la demanda por la Absolución de les estudiantes y el sobreseimiento de la abogada y docente Celli. La enorme cuarta movilización nacional contra la criminalización a la protesta del 13 de mayo, fue un paso importante en la lucha popular contra la persecución a les que luchan. En este marco, el 22 de abril el Consejo Superior ratificó la declaración del rectorado ya mencionada. Es decir, ratificaron que nadie en la universidad es responsable. Una maniobra política que, dado lo antes mencionado, esconde una completa mentira.
Sin embargo, la disputa política también continúa en el escenario de este cuerpo colegiado: hace unas semanas, el Consejo Superior viene discutiendo en comisiones una declaración por la Absolución presentada por la coalición VAMOS, un reagrupamiento del tradicional kirchnerismo universitario cordobés. Consideramos que es un paso importante que dicho consejo repudie el avance de la causa, aunque vemos de forma preocupante la comodidad con la que se encuentran les responsables directos del proceso judicial en esta discusión.
En ese marco, consideramos un error concebir que la democracia universitaria únicamente se reduce a la votación y a la participación en los órganos de co-gobierno. En 2018, la enorme participación de la comunidad universitaria y la sociedad, problematizando algunos elementos estructurales que sostienen este modelo de universidad, tuvo un gran carácter de democracia directa que excedió los parámetros instituidos de este modelo universitario que, desde sus cimientos perduran intereses dominantes y conservadores.
Luego, no queremos dejar de mencionar que el concepto privatista de la educación también se puso en juego en el motivo mismo de la judicialización: sabemos que el Pabellón Argentina es un edificio público al pertenecer a la Universidad Nacional de Córdoba y que, por lo tanto, la carátula de “usurpación por despojo” que encabeza la causa no guarda relación con la ocupación de parte del patrimonio público como medida de fuerza ante un conflicto político de escala nacional. Por eso decimos que los sectores políticos que son parte por acción u omisión de la persecución, han sostenido aquí también, fiel a su proyecto político, una concepción privatista de la universidad. Como si los bienes que esta dispone les perteneciera a los funcionarios de turno y sus empresarios amigos.
Hace algunos días se cumplió un nuevo aniversario de la Reforma Estudiantil de 1918. Cómo todos los años en estas fechas, recordamos a nuestres compañeres, quienes se permitieron soñar y construir una educación más justa e igualitaria. Renovamos también el compromiso heredado de esta gesta insurgente, el de no retroceder ante las injusticias. Así lo hicimos a cien años de la Reforma. Sabemos que les reformistas estarían pidiendo la Absolución de les estudiantes (o procesados). ¿Se imaginan a Yanzi y Juri procesando a Enrique Barros, Prosperina Paravan, Deodoro Roca, Ofelia Grandoli, entre tantos otros? Nosotres, sí.
Este martes, se realizará una movilización de Colón y General Paz hasta el Patio Olmos a las 16 hs exigiendo que el Consejo Superior se pronuncie por la Absolución de les estudiantes. Extendemos la convocatoria al conjunto de la sociedad que se viene solidarizando con la lucha contra la criminalización a la protesta, un derecho fundamental al que atacan los sectores que ven tocados sus intereses por la lucha popular.