La recuperación de tierras en Guernica es el caso emblemático de un proceso que se expande por todo el país y permite poner en agenda las necesidades de tierra para vivir y el cuestionamiento a la propiedad privada, que priva de su uso a quienes más la necesitan. La respuesta oficial es la represión, que lejos de resolver el problema lo agudiza. Como trasfondo aparecen la precariedad de la vida, las políticas que se desentienden de las necesidades populares y el vaciamiento de áreas que atiendan las problemáticas de aquellos cuerpos más expuestos en este contexto; las niñeces, las mujeres y el colectivo LGBTTIQ+ a cargo de las tareas de cuidado en territorios que se intentaron recuperar.
La recuperación de tierras de Guernica tuvo cobertura mediática durante los 100 días que duró. Cerca de 2500 familias, que en pleno invierno y ante la urgencia habitacional se acercaron al predio con la expectativa de poder construir su propio techo, soportaron calificativos como usurpadoras, ocupas, vagas, entre tantos otros. Estos prejuicios difundidos por doquier por los medios del capital, las declaraciones de les funcionaries y la legitimidad, construida desde el sentido común de defensa de la “propiedad privada”, lograron cierto consenso para la represión y el desalojo. Pero la única verdad es la realidad: las familias exigen, porque la necesidad de vivienda no puede ser desalojada, una tierra para vivir.
Guernica fue un caso emblemático de un extendido proceso. Las medidas tomadas para combatir la pandemia pusieron en primer plano los altos niveles de precariedad de la vida. Quienes no pudieron pagar el altísimo costo de un alquiler o quienes tuvieron que abandonar hacinadas y/o violentas convivencias encontraron en la recuperación de terrenos una de las respuestas. Eligieron para ello espacios por lo general abandonados durante muchos años por capitales privados o bien tierras fiscales sin uso.
En muchas de estas experiencias, a poco de instaladas las primeras carpas y casillas, supuestos “dueños” se presentaron ante la Justicia para hacer valer títulos de propiedad. Al respecto, valen tres comentarios. En primer lugar, en distintas oportunidades quienes dicen ser los propietarios legales no pueden demostrar fehacientemente esa calidad. En otros casos, donde sí apareció el título de propiedad, este fue comprado a muy bajo precio o regalado por alguna gestión amiga, incluso por la última dictadura militar. Finalmente, es necesario poner en duda que un papel que asegura la propiedad de un terreno que permaneció abandonado por años valga más que solucionar el problema de acceso a una vivienda, que hoy alcanza a 3.5 millones de familias, casi un tercio de la población Argentina (según datos de la Secretaría de Vivienda de la Nación).
Las respuestas represivas desde el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, se fundamentan en estar encarnando un Estado de derecho, pero ¿derechos para quiénes? Para las mineras que avanzan con las exploraciones en Agua Rica y otros proyectos hasta el momento frenados. Derechos para las producciones ganaderas y agrícolas del agronegocio para que sigan avanzando con fumigaciones, quita de retenciones para las petroleras y el sector sojero. Para quienes hacen negocios inmobiliarios. Se otorgan permisos para avanzar con incendios forestales, sin buscar a los responsables, mientras a las familias desalojadas les inician causas por usurpación.
Después de Guernica
Los cuatro barrios de Guernica no son los únicos desalojados en estos días. En la provincia de Buenos Aires han sucedido varios. A mediados de septiembre un operativo conjunto entre la Bonaerense y la Federal desalojó un barrio en Ciudad Evita, La Matanza. A mediados de octubre, más de 500 familias sufrieron la misma violencia en el barrio “La Nueva Unión”, en Rafael Castillo, también en La Matanza. En tanto, inmediatamente después de concretado el desalojo de Guernica las principales autoridades de la Municipalidad de La Plata exigieron públicamente que se avance contra unas 2000 familias que están viviendo en el predio del Ex Club de Planeadores de Los Hornos. Y en la zona norte del gran Buenos Aires, unas 60 familias del barrio Stone de Escobar han sido desalojadas del terreno el martes 3 de noviembre. En este caso, las tierras habían sido vendidas a las familias por Leandro Costa hace 2 años, dueño de la inmobiliaria Nueva Maschwitz, quien ahora se declara como dueño de las mismas.
La situación se replica también en otras provincias. En distintas localidades de Río Negro se han concretado una serie de ocupaciones en los últimos meses. En Fiske Menuco (Gral. Roca) el 12 de junio se asentaron 52 familias que poco a poco fueron construyendo su barrio “La Esperanza”. Dos días después que Guernica, estas familias también fueron desalojadas por unos 200 efectivos policiales que avanzaron violentamente sobre las casas y las familias tirando balas de goma y quemando casillas. El título de propiedad de la Asociación de Tiro Federal, que denunció la ocupación, le había sido entregado gratuitamente por el intendente municipal de la dictadura.
Ese mismo día, en la provincia de Chubut, en el barrio “Sin Fronteras” de Lago Puelo, efectivos policiales se presentaron en los terrenos que fueron habitados el 7 de septiembre. Los efectivos defienden a quienes dicen tener los títulos de propiedad pese a que las vecinas denuncian que esos papeles son irregulares. El espacio en disputa había estado desocupado durante 20 años. Y los procesos se repiten en todo el país.
Las recuperaciones y sus desalojos no son una novedad. Por lo menos desde la ultima dictadura, cuando el milico Cacciatore gobernó la ciudad de Buenos Aires, hubo como política de Estado, planes de erradicación de villas y barrios enteros. Como contracara, se realizaron innumerables procesos de recuperación de tierras como respuesta popular a la necesidad de vivienda. En 1981 en los municipios de Quilmes y Almirante Brown se registra la primera gran recuperación en el Gran Buenos Aires. Desde entonces se han sucedido por lo menos cuatro oleadas de recuperaciones en el conurbano vinculadas con distintas crisis económicas que sufrió el país.
En este tiempo aprendimos que tras pocos meses de recuperado un terreno como barrio, las familias logran construir algún espacio para vivir que mejoran con el correr de los años. El problema del acceso a la vivienda, entonces, está directamente vinculado al acceso a la tierra. Más allá de las diferencias, una lógica se repite en el manejo de la tierra: el régimen de la propiedad privada se impone por sobre los derechos fundamentales y las políticas públicas no responden a las necesidades populares. Para los distintos gobiernos provinciales y municipales la tierra es concebida como un recurso económico y no como un bien natural y público. Mientras tanto los Blaquier, Perez Compac, Larriviere (funcionario de tierras en dictadura y de Parques Nacionales en Menemismo) avanzan sobre territorios sin títulos de propiedad, o con títulos otorgados por los gobiernos locales, para continuar con sus negocios. Solo por nombrar dos ejemplos: Grupo Benetton cuenta con 900.000 hectáreas en Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Joe Lewis: adquirió 8000 hectáreas oficiales (que se suman a otras 6000 no declaradas) con cascadas y bosques naturales sobre el lago Escondido. La apropiación y despojo de los territorios de comunidades indígenas es otra de las graves consecuencias de este modelo de acceso a las tierras.
Desalojos y estigmatización: La respuesta es organización
“Las organizaciones de izquierda son responsables”, dice el presidente Alberto Fernández en un tweet para justificar la violencia ejercida en Guernica. Los medios oficialistas y hegemónicos reproducen su discurso a coro. Se desentienden así de la responsabilidad política de los desalojos, estigmatizan a la clase trabajadora, a les vecines de los barrios y demonizan a las organizaciones que apoyan los procesos de recuperación, desprestigiando la lucha popular y legitimando la represión.
Con escasas o deficientes políticas habitacionales, que en muchos casos sólo contribuyen a segregar aún más al sector más pobre de la Argentina, y ante la crisis económica, es de esperar que la situación desborde por diversos lugares y las personas accionen. Las organizaciones estaremos entonces acompañando los procesos de lucha por una vida más digna.
¿Por qué molestan tanto los procesos de recuperación de tierras llevados a cabo por el pueblo? Implica un crecimiento en la organización popular, compromiso y conciencia de clase. Sin embargo, cuando las ocupaciones se realizan para llevar a cabo negocios inmobiliarios, megaminería o agronegocios, no sólo se legitima, sino que se incentiva y se acompaña desde el Estado el saqueo y destrucción de nuestros territorios.
Estos momentos bisagra resaltan que solo el protagonismo popular puede torcer el rumbo que los representantes del capitalismo extractivista y patriarcal le imponen a nuestras vidas. La potencia en términos de organización que demostró Guernica es el camino. Frente a la política del capital construiremos espacios para vivir y feminismos para habitar
¡Basta de desalojos y represión!
¡El Estado es responsable!
¡Por una política seria de vivienda popular!
¡Ni casas sin gente, ni gente sin casas!
¡Tierra para vivir!